De la Espriella sacude la política de paz: desaparecerán dos oficinas clave del Estado
Imagen: El Tiempo - Política
Álvaro Uribe De la Espriella anunció que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dejará de existir en su diseño actual, junto con la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. Sus funciones pasarán al futuro Comisionado Nacional de Seguridad.
El anuncio de Álvaro Uribe De la Espriella marca un giro de fondo en la arquitectura estatal creada para negociar y ejecutar la paz en Colombia: la Oficina del Alto Comisionado para la Paz será desmontada y, con ella, también desaparecerá la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. Las responsabilidades de ambas instancias pasarán al futuro Comisionado Nacional de Seguridad, una señal clara de que el nuevo enfoque del Gobierno pretende reemplazar la lógica de negociación por una estrategia centrada en control territorial y orden público.
La decisión, según informó El Tiempo - Política, no es solo administrativa. En la práctica, implica desmontar dos piezas clave del andamiaje institucional levantado alrededor de la política de paz, incluyendo la instancia encargada de coordinar la implementación de los compromisos derivados del Acuerdo Final con las antiguas Farc. En su reemplazo, el Gobierno apunta a concentrar esas tareas en una figura que, por su propio nombre, pone el acento en la seguridad y no en el diálogo político con actores armados. Esa reconfiguración anticipa un cambio de prioridades en la relación del Estado con los conflictos que siguen activos en varias regiones del país.
El fondo del asunto es político y simbólico al mismo tiempo. Durante años, la Oficina del Comisionado para la Paz ha sido el canal institucional para conversaciones con grupos ilegales y para dar seguimiento a procesos de desmovilización, sometimiento o implementación de acuerdos. Su eventual desaparición sugiere que el próximo Gobierno quiere cerrar la puerta a lo que ha llamado, en otros escenarios, “falsa paz”, una crítica que en la práctica cuestiona los procesos de negociación sin resultados verificables en reducción de violencia. Pero el cambio también abre preguntas incómodas: quién asumirá la carga técnica y jurídica de la implementación, cómo se garantizará el cumplimiento de lo pactado con las víctimas y qué capacidad real tendrá una oficina de seguridad para suplir funciones que mezclan diplomacia, verificación y coordinación interinstitucional.
Para la gente en las regiones más golpeadas por la guerra, esta no es una discusión de organigramas. Lo que está en juego es si el Estado mantendrá una ruta institucional para tramitar los conflictos armados o si apostará por una política más dura, con menos espacio para la negociación y más énfasis en la coerción. En un país donde la violencia no se ha extinguido sino mutado, la desaparición de estas oficinas puede significar, según cómo se implemente la reforma, desde mayor claridad de mando hasta una pérdida de memoria institucional en asuntos tan sensibles como la reintegración, la verificación de compromisos y la interlocución con comunidades atrapadas entre grupos armados y ausencia estatal.
