Pacto Histórico se fractura por apoyo a traslado del caso Uribe a Comisión de Acusaciones
Imagen: El Tiempo - Política
La decisión de cuatro congresistas del Pacto Histórico de respaldar el traslado del caso del expresidente Álvaro Uribe a la Comisión de Acusaciones abrió una nueva grieta interna en la coalición. La Fiscalía rechazó esa movida y la polémica terminó en choque público en redes.
La decisión de cuatro congresistas del Pacto Histórico de apoyar el traslado del expediente del expresidente Álvaro Uribe a la Comisión de Acusaciones desató una nueva crisis política dentro de la coalición de gobierno y exhibió, otra vez, las tensiones entre las posturas jurídicas y los cálculos políticos que conviven en su interior. Lo que parecía un trámite procesal terminó convertido en un episodio de desgaste público, después de que la Fiscalía rechazara la solicitud de traslado y la discusión escalara a un enfrentamiento abierto en redes sociales. Para un bloque que ha hecho de la bandera anticorrupción y de la disputa con el uribismo una parte central de su identidad política, la señal no es menor: incluso en temas simbólicos, el Pacto Histórico sigue mostrando fisuras difíciles de ocultar.
Según informó El Tiempo - Política, la controversia se activó cuando se conoció el apoyo de esos congresistas a una vía que buscaba sacar el caso de la órbita en la que venía avanzando y llevarlo a la Comisión de Acusaciones, un escenario históricamente cuestionado por su lentitud y por la percepción de impunidad que arrastra en la opinión pública. La Fiscalía, por su parte, rechazó la solicitud y dejó claro que no compartía ese traslado, lo que terminó de incendiar el ambiente. A partir de ahí, el debate dejó de estar restringido a los argumentos legales y pasó al terreno político, con acusaciones de incoherencia, reproches cruzados y mensajes que dejaron al descubierto que el bloque oficialista no habla con una sola voz cuando se trata de Uribe.
El episodio importa porque toca una fibra sensible en la política colombiana: la relación entre justicia, independencia institucional y uso político de los expedientes de alto perfil. En un país donde los procesos contra figuras poderosas suelen quedar atrapados entre la polarización y la desconfianza ciudadana, cualquier intento de mover un caso tan sensible como el de Uribe genera lecturas inmediatas. Si además proviene de congresistas de una coalición que llegó al poder prometiendo cambios de fondo en el sistema político y judicial, el costo reputacional puede ser alto. No solo se reaviva la discusión sobre la capacidad real del Pacto Histórico para disciplinar a sus bancadas, sino también sobre la manera en que sus sectores se mueven entre la coherencia programática y la conveniencia táctica.
La polémica también deja una advertencia más amplia: el gobierno y sus aliados siguen enfrentando el reto de convertir una coalición diversa en un bloque con posiciones mínimamente consistentes. En la práctica, cada episodio de división como este le da munición a la oposición, erosiona la credibilidad del discurso de unidad y alimenta la idea de que el oficialismo no logra ordenar ni siquiera sus batallas más simbólicas. En un escenario político cada vez más cerrado hacia 2026, estas fracturas no son un detalle interno: pueden terminar pesando en la relación con la opinión pública y en la capacidad del Pacto Histórico para sostener su relato de cambio frente a un país cada vez más escéptico.
