Nueva York lleva a 3M, DuPont y otras firmas a juicio por los ‘químicos eternos’
Imagen: infobae estados unidos
Nueva York abrió un nuevo frente legal contra 3M, DuPont y otras compañías por la contaminación atribuida a los llamados “químicos eternos”. La demanda busca dinero para limpieza, advertencias al público y posibles compensaciones por daños ambientales y a la salud.
Nueva York decidió ir al choque contra algunas de las marcas industriales más poderosas de Estados Unidos al demandar a 3M, DuPont y otras empresas por la presunta comercialización durante décadas de los llamados “productos químicos eternos”, unas sustancias persistentes asociadas con riesgos para la salud y con un daño ambiental difícil de revertir. El caso, impulsado por la fiscalía estatal, pone sobre la mesa una disputa que ya no se limita a laboratorios, fábricas o tribunales: también toca el agua que bebe la gente, la tierra que cultiva y el costo real de limpiar un problema que las compañías, según la acusación, ayudaron a expandir durante años.
De acuerdo con la información divulgada por infobae estados unidos, la demanda apunta no solo a la responsabilidad histórica de estas firmas en la producción y venta de compuestos conocidos por su resistencia extrema a degradarse, sino también a la necesidad de recursos concretos para enfrentar las consecuencias. El estado reclama fondos para tareas de remediación, advertencias a los consumidores y eventuales compensaciones económicas, una combinación que refleja la magnitud del problema: no se trata únicamente de sancionar, sino de pagar la factura de la contaminación. En la práctica, Nueva York busca que el costo de limpiar ríos, suelos y posibles focos de exposición no recaiga exclusivamente sobre el erario público ni sobre comunidades que llevan años conviviendo con la incertidumbre sanitaria.
El trasfondo del caso es mayor de lo que parece. Los llamados “químicos eternos” han entrado en el vocabulario público porque resisten la descomposición y pueden permanecer en el ambiente por períodos larguísimos, lo que complica cualquier estrategia de contención. Ese carácter persistente explica por qué esta demanda importa más allá del expediente específico: si el estado logra avanzar, podría fortalecer el frente legal contra un patrón industrial que durante décadas priorizó el uso masivo de estas sustancias por encima de sus efectos acumulativos. Para los habitantes de Nueva York y de otros estados, el impacto no es abstracto. Se traduce en agua tratada a medias, en monitoreos costosos, en mayores presiones sobre sistemas públicos y, sobre todo, en la pregunta incómoda de quién debe responder cuando la contaminación ya quedó incorporada al paisaje cotidiano.
La ofensiva judicial también marca un mensaje político claro: las autoridades estatales quieren mover la discusión desde la prevención tardía hacia la reparación obligatoria. Si el caso prospera, podría abrir la puerta a nuevas exigencias económicas y regulatorias contra fabricantes que durante años ganaron terreno con sustancias hoy cuestionadas por su impacto duradero. En un país donde la pelea por la responsabilidad corporativa suele estirarse por años, Nueva York está enviando una señal que muchos otros gobiernos estatales miran con atención: el costo de contaminar, tarde o temprano, puede terminar en los tribunales.
