Nueve acusados aceptan penas por traficar cocaína entre Madrid y Cantabria
Nueve acusados de una red que llevaba cocaína desde Madrid a Cantabria aceptaron penas de hasta seis años y medio de cárcel. El acuerdo con la Fiscalía rebajó las condenas por la atenuante de drogadicción y abre la puerta a pedir que no ingresen en prisión.
Nueve acusados de integrar una red de tráfico de cocaína que operaba entre Madrid y Cantabria aceptaron este martes condenas de entre 3 años y 10 meses y 6 años y medio de prisión, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en la Audiencia de Cantabria. Además, deberán pagar multas que oscilan entre 15.000 y 100.000 euros por una operación que, según la acusación, estaba orientada a abastecer el menudeo de droga en la región cántabra.
De acuerdo con lo expuesto en el juicio, los procesados reconocieron su participación en delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. En el caso de dos de ellos, también asumieron condenas por tenencia ilícita de armas, mientras que uno más aceptó una pena adicional por atentado contra la autoridad. La Fiscalía sostuvo que la organización estaba estructurada con dos supuestos cabecillas, cuatro encargados del transporte, dos dedicados a la venta al detalle y un noveno acusado que ocultaba la droga en su vivienda de Alcalá de Henares, desde donde se hacía la distribución hacia Cantabria.
La rebaja de las penas no fue menor: el Ministerio Público había pedido inicialmente entre 5 y 10 años de cárcel y multas más altas, de entre 12.000 y 200.000 euros. El cambio se explica por la aplicación de la atenuante de drogadicción, aceptada en el pacto judicial al considerar la adicción de los acusados a sustancias estupefacientes. Esa circunstancia, habitual en procesos por narcomenudeo y tráfico a pequeña y mediana escala, suele ser utilizada por las defensas para reducir castigos cuando se acredita tratamiento o dependencia activa.
Más allá de las cifras, el caso deja una foto conocida pero incómoda: el negocio de la cocaína sigue moviéndose entre grandes núcleos urbanos y provincias donde la droga se revende en pequeñas cantidades, con un costo social que termina en barrios, centros de salud y juzgados. Los abogados de los condenados adelantaron que pedirán la suspensión de las penas de prisión al alegar que sus clientes están en tratamiento por adicción, una solicitud que ahora deberá ser valorada por la justicia. El episodio también confirma el peso de las investigaciones policiales sobre vehículos adaptados para ocultar cargamentos y domicilios usados como depósitos, dos piezas clave en las redes de distribución que buscan bajar perfil mientras mantienen activa la cadena de suministro.
