RTVC denuncia presuntas irregularidades en planillas de seguridad social a contratistas
Imagen: El Tiempo - Política
RTVC denunció ante los órganos de control y la Fiscalía presuntas irregularidades en planillas de seguridad social asociadas a pagos a contratistas entre 2023 y 2026. El caso abre una nueva línea de escrutinio sobre la contratación y el manejo interno de la entidad durante el gobierno Petro.
RTVC puso en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría una presunta irregularidad en planillas de seguridad social vinculadas a pagos a contratistas entre 2023 y 2026, un hallazgo que ahora queda bajo lupa de los órganos de control. La alerta, según informó El Tiempo - Política, se relaciona con la administración de recursos y el cumplimiento de obligaciones laborales en una entidad que ya venía siendo observada por su manejo interno.
De acuerdo con la información conocida, la denuncia no se limita a una sospecha administrativa menor: toca un punto sensible en la contratación pública, el pago de aportes y la trazabilidad de los soportes que respaldan desembolsos a terceros. En otras palabras, si se confirman inconsistencias, el asunto podría comprometer tanto la disciplina contractual de RTVC como la responsabilidad de quienes autorizaron, revisaron o avalaron esos giros durante el periodo señalado.
El dato importa porque RTVC no es una entidad cualquiera. Se trata del sistema de medios públicos del Estado, y cualquier irregularidad en su gestión tiene una lectura política inmediata, más aún cuando la denuncia se refiere a hechos ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro. En Colombia, los escándalos ligados a contratación y seguridad social suelen terminar no solo en expedientes disciplinarios o fiscales, sino también en debates sobre controles internos, supervisión estatal y uso de recursos públicos en entidades que deberían tener estándares reforzados de transparencia.
Ahora la pelota está en manos de los organismos de control, que deberán determinar si hubo un error administrativo, una falla repetida en los procesos o una conducta con posibles implicaciones disciplinarias, fiscales o penales. Para la ciudadanía, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta vieja pero vigente: qué tan robustos son los filtros del Estado para impedir que la contratación pública termine convertida en una cadena de firmas, soportes y pagos sin verificación real.
