Violencia en el suroccidente: matan al hijo de una líder de víctimas en Jamundí
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La violencia volvió a golpear al suroccidente del país con dos asesinatos de alto impacto social. En Jamundí, hombres armados mataron al hijo de una lideresa de víctimas; en Cajibío, un firmante de paz y su padre también fueron atacados.
La espiral de violencia en el suroccidente colombiano sumó un nuevo episodio de alto impacto con el asesinato de Jefferson Maquerry Mamián Santa Cruz, hijo de la lideresa de víctimas Marleny Mamián, tras un ataque armado en su vivienda en Jamundí, Valle del Cauca. El hecho, ocurrido en un contexto de presión persistente de estructuras criminales en la zona, vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes hacen parte de procesos comunitarios, de defensa de derechos humanos y de víctimas del conflicto.
De acuerdo con la información disponible, hombres armados irrumpieron en la casa de la lideresa y atacaron a su hijo, en un hecho que dejó a la familia marcada por la violencia y encendió las alarmas entre organizaciones sociales y comunidades del municipio. Aunque en la información base no se detallan aún móviles ni responsables, el caso se inscribe en un patrón que se ha vuelto recurrente en el suroccidente: intimidación, incursiones armadas y homicidios selectivos contra personas expuestas por su liderazgo, su trabajo comunitario o sus vínculos con procesos de reparación y paz.
Lo ocurrido en Jamundí no puede leerse como un hecho aislado. Este municipio, al igual que otros corredores del Valle y del norte del Cauca, ha enfrentado durante años la disputa de economías ilegales, la expansión de grupos armados y la débil presencia estatal en zonas rurales y periféricas. Cuando una familia vinculada a la defensa de víctimas es atacada en su propia casa, el mensaje va más allá de una tragedia individual: se erosiona la confianza de la comunidad, se profundiza el miedo y se debilita el tejido social en regiones donde el Estado llega tarde o con respuestas fragmentadas. Por eso importa: porque cada asesinato de este tipo no solo apaga una vida, sino que golpea la posibilidad misma de organizarse, denunciar y permanecer en el territorio.
La gravedad del caso aumenta si se mira el panorama regional. La violencia contra líderes sociales, firmantes de paz y sus familias sigue siendo una de las principales deudas del Estado colombiano con el suroccidente. Mientras las autoridades anuncian operativos y refuerzos, en municipios como Jamundí y Cajibío la población continúa viviendo bajo el temor de ataques armados, amenazas y asesinatos selectivos. El desafío no es solo esclarecer quién disparó, sino desmontar las redes que hacen posible que estas agresiones se repitan con una regularidad alarmante y sin una contención efectiva.
