ONG mexicanas exigen prohibir el fracking y acusan al Gobierno de minimizar sus riesgos

Treinta organizaciones ambientales y comunitarias elevaron el tono contra el fracking en México y rechazaron la evaluación presentada por el Gobierno federal, al considerar que no ofrece garantías reales para las poblaciones que quedarían expuestas. El choque es de fondo: mientras el comité científico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea seguir estudiando la fracturación hidráulica en Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, en el noreste del país, las ONG sostienen que la discusión ya no debe ser cómo hacerlo “menos dañino”, sino por qué debe prohibirse por completo.

El pronunciamiento, difundido este jueves desde Ciudad de México, cuestiona además la metodología del grupo de expertos. Las organizaciones afirman que el comité dejó por fuera a comunidades potencialmente afectadas y también a especialistas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas, lo que a su juicio debilitó la evaluación desde su origen. Aunque los expertos descartaron el uso de esta técnica en Tampico-Misantla por sus riesgos sociales y ambientales, las ONG subrayan que eso no resuelve el problema de fondo: continuar la exploración en otras cuencas del noreste implicaría trasladar los mismos riesgos a zonas que ya cargan con una fuerte escasez de agua.

La controversia llega en un país donde el agua es cada vez más un asunto de disputa política y social. En regiones del norte de México, la presión sobre acuíferos, la sequía y la competencia por el recurso han convertido cualquier proyecto extractivo intensivo en una amenaza sensible para comunidades rurales, ejidales e indígenas. Por eso, las organizaciones piden que la prohibición quede establecida en la Constitución, al argumentar que esa sería la única forma de proteger de manera efectiva el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. También alertan que las supuestas soluciones tecnológicas —como el uso de agua salada, el reciclaje o nuevos aditivos— siguen en fase experimental y no eliminan riesgos documentados como contaminación de acuíferos, fugas de metano, sismos inducidos y daños sanitarios.

Más allá del debate técnico, el caso revela una tensión política que Sheinbaum no podrá esquivar: la necesidad de sostener una agenda energética con promesas de transición y soberanía, sin abrir la puerta a una técnica que gran parte de la sociedad civil considera incompatible con la protección ambiental. Las ONG también apuntan a un flanco poco resuelto por la evaluación oficial: qué ocurrirá con los residuos, dónde se ubicarán, qué composición química tendrán y cómo se evitará su descarga en cuerpos de agua. En un país que sigue arrastrando conflictos por el agua y desconfianza hacia los proyectos extractivos, el fracking vuelve a colocarse como una prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para apostar por hidrocarburos no convencionales sin romper con las comunidades que dicen defender.