ONU exige a Honduras combatir la criminalidad sin violar derechos humanos
Imagen: infobae
La ONU recordó a Honduras que su ofensiva contra la criminalidad no puede apartarse de sus obligaciones internacionales en derechos humanos. El llamado llega en medio de la presión por resultados en seguridad, un terreno donde el país arrastra años de violencia e instituciones frágiles.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió que Honduras debe aplicar sus estrategias de seguridad sin apartarse de los compromisos internacionales que ha asumido en materia de derechos humanos. El mensaje pone el foco en un dilema que atraviesa a buena parte de América Latina: cómo enfrentar la criminalidad sin abrir la puerta a abusos estatales, detenciones arbitrarias o excesos en el uso de la fuerza.
De acuerdo con la información divulgada por infobae, el pronunciamiento de la ONU insiste en que las políticas de seguridad no pueden diseñarse ni ejecutarse al margen del marco legal internacional. En la práctica, eso implica que las autoridades hondureñas deben garantizar controles institucionales, supervisión sobre las fuerzas de seguridad y mecanismos de rendición de cuentas mientras intentan frenar la violencia que golpea a la población.
El llamado no es menor. Honduras ha cargado durante años con índices altos de criminalidad, presencia de estructuras delictivas y una fuerte desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de proteger a la población. Cuando la inseguridad se convierte en la principal demanda social, los gobiernos suelen endurecer sus respuestas; pero esa ruta, si no está bien delimitada, termina afectando justamente a quienes dicen defenderse: comunidades vulnerables, jóvenes y personas que viven en zonas con menor presencia estatal. Por eso la advertencia de la OACNUDH funciona también como un recordatorio político: la eficacia en seguridad no puede medirse solo por capturas o despliegues, sino por el respeto a la ley y a las garantías básicas.
En un país donde la discusión sobre seguridad suele estar atravesada por la urgencia y por la presión ciudadana, el pronunciamiento de Naciones Unidas vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero inevitable: si el Estado combate la criminalidad vulnerando derechos, ¿qué tipo de seguridad está construyendo? Esa tensión seguirá marcando el debate hondureño mientras el gobierno busque resultados rápidos sin perder legitimidad interna ni credibilidad internacional.
