Ecuador golpea la minería ilegal con operativos que frenan negocios criminales por 1,8 millones
Ecuador ejecutó siete operativos simultáneos contra la minería ilegal en cuatro provincias y golpeó a las bandas en 1,83 millones de dólares, según Defensa. La ofensiva llega tras la escalada de violencia ligada al oro ilegal y la muerte de once militares en la Amazonia.
Las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador asestaron este martes un nuevo golpe a la minería ilegal con siete operativos simultáneos en Azuay, Carchi, Imbabura y Morona Santiago, que dejaron una afectación económica estimada en 1,83 millones de dólares para las estructuras criminales, según informó el Ministerio de Defensa. En las intervenciones fueron desmantelados campamentos, bocaminas y otros puntos de soporte logístico de la extracción clandestina, además de maquinaria, combustible, herramientas y materiales usados para sostener el negocio ilícito.
El gobierno ecuatoriano presentó la operación como parte de una ofensiva más amplia contra una actividad que dejó de ser un delito ambiental o minero para convertirse en un frente estratégico del crimen organizado. “El oro debe generar oportunidades para la gente, no millones para las mafias”, señaló la cartera de Defensa al resumir la lógica de esta intervención. La advertencia no es menor: detrás de cada retroexcavadora inutilizada o de cada campamento desmontado hay una cadena económica que financia redes armadas, corrompe territorios y desplaza a comunidades enteras en regiones donde el Estado llega tarde, mal o simplemente no llega.
La presión oficial contra estas economías ilegales se intensificó durante el último año, pero el punto de quiebre fue la emboscada de mayo de 2025 en la Amazonia, donde once militares murieron durante una operación contra grupos dedicados a la minería ilegal. El Gobierno atribuyó ese ataque a los Comandos de la Frontera, disidencia de las FARC con presencia en la frontera colombo-ecuatoriana, y los vinculó además con bandas locales como Los Lobos, hoy considerada la organización delictiva más grande del país. Ese entramado ayuda a explicar por qué la minería ilegal en Ecuador ya no puede leerse solo como extracción irregular de oro: es también control territorial, renta criminal y expansión de grupos armados que aprovechan el precio récord del metal en los mercados internacionales.
El problema, sin embargo, no termina con estos operativos. La fiebre del oro ha empujado a bandas y redes transfronterizas hacia zonas protegidas y áreas remotas de la Amazonia y la sierra, donde el daño ambiental se acumula a una velocidad difícil de revertir: deforestación, destrucción de ríos y contaminación por mercurio. Para Ecuador, el desafío de fondo es sostener la presión militar y policial sin que la ofensiva quede reducida a golpes aislados. Para las comunidades locales, la pregunta es más urgente: si el Estado no convierte estas intervenciones en presencia permanente, empleo formal y control institucional, la minería ilegal seguirá siendo una economía de reemplazo para los más pobres y una caja registradora para las mafias.
