Óscar López endurece el choque con los jueces y Perelló alerta sobre el daño institucional
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Óscar López volvió a defender sus ataques a magistrados y escaló la tensión con el Poder Judicial en un momento de máxima sensibilidad institucional. La respuesta de Isabel Perelló reabre el debate sobre los límites de la crítica política a los jueces en España.
Óscar López decidió no bajar el tono. El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública y líder del PSOE madrileño ratificó este viernes sus críticas contra determinados jueces, justo cuando la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, salió al paso para advertir que las acusaciones de prevaricación lanzadas desde el Gobierno erosionan la confianza en la Justicia. La escena vuelve a exhibir una tensión que ya no es coyuntural: el choque entre una parte del Ejecutivo y la cúpula judicial por el desgaste público de las instituciones.
En una entrevista en La Sexta, López sostuvo que mantiene intacto su diagnóstico sobre varias resoluciones que considera injustas, entre ellas la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, según su lectura política del caso. Cuando se le pidió señalar a magistrados concretos, optó por esquivar la respuesta y se reafirmó en que dice lo que quiere y cuando quiere. Esa defensa, más que una explicación jurídica, retrata una estrategia política: confrontar, marcar territorio y trasladar el debate a la arena de la denuncia institucional, donde el Gobierno intenta presentarse como víctima de decisiones judiciales que considera desproporcionadas.
La respuesta de Perelló fue igual de nítida. La presidenta del Supremo recordó que la independencia judicial no es un adorno retórico, sino una condición básica del Estado de Derecho, y advirtió que las campañas que buscan desacreditar a los jueces —sean abiertas o insinuadas— terminan afectando a los cimientos mismos del sistema democrático. Su mensaje deja una línea roja clara: la crítica a una sentencia es legítima, pero otra cosa muy distinta es insinuar que un magistrado actúa movido por intereses espurios. Ese salto, insistió, no es una mera discrepancia política, sino un cuestionamiento directo a la honestidad profesional del juez.
El conflicto importa porque revela algo más profundo que una disputa de declaraciones. En un país donde la confianza en las instituciones ya sufre por la polarización, cada choque público entre Gobierno y tribunales alimenta la idea de que la Justicia es un campo de batalla partidista y no un poder independiente. Para los ciudadanos, esto no es un debate abstracto: afecta a la credibilidad de las condenas, al respeto por las reglas del juego y al clima democrático en el que se resuelven los conflictos. Si el Ejecutivo insiste en tensionar el marco judicial mientras el Poder Judicial responde con advertencias cada vez más severas, el resultado puede ser una erosión lenta pero peligrosa de la autoridad institucional. Y cuando eso ocurre, el daño no se mide solo en titulares: se paga en confianza pública, la moneda más difícil de recuperar.
