Patiño se distancia del gestor capturado y revive dudas sobre los filtros de la paz
Imagen: infobae
Otty Patiño marcó distancia del gestor capturado por presunto envío de droga mientras hacía contactos de paz con el Gobierno. El caso reabre dudas sobre los filtros y controles en los acercamientos con actores señalados por narcotráfico.
La captura de Luis Carlos Vélez Romero, señalado por las autoridades como operador financiero y logístico de una estructura que habría movido cerca de tres toneladas de estupefacientes y químicos en 2022, le estalló al Gobierno en el peor momento posible: en medio de los cuestionamientos a los diálogos y acercamientos con actores armados o intermediarios de dudosa procedencia. La reacción de Otty Patiño, alto funcionario encargado de la paz, fue tajante al marcar distancia del hombre conocido como ‘El Mono’ y admitir, en esencia, que el Estado no hace una verificación exhaustiva de cada persona que se acerca a esos procesos.
Según informó Infobae, las autoridades ubican a Vélez Romero como una pieza clave de una red con al menos once rutas activas durante 2022, lo que da una idea del tamaño y la sofisticación de la operación. No se trataría de un actor menor ni de un simple mensajero, sino de alguien con funciones para mover recursos, coordinar logística y sostener una cadena criminal que, además de droga, habría manejado insumos químicos. Ese detalle es importante porque muestra que el negocio no se limita a la exportación de cargamentos aislados: detrás hay una infraestructura que necesita contactos, transporte, financiamiento y capacidad de ocultamiento. En otras palabras, una economía criminal con niveles de organización que terminan chocando con cualquier intento de negociación política.
El punto más sensible del episodio no es solo la captura, sino lo que deja al descubierto sobre los filtros del Estado. Si una persona señalada por su presunta participación en el tráfico de drogas logra acercarse a conversaciones relacionadas con la paz, la pregunta de fondo no es únicamente quién lo dejó entrar, sino bajo qué criterios se están abriendo esas puertas. En Colombia, donde los procesos de paz han coexistido durante décadas con redes de narcotráfico, ese vacío puede ser explotado por estructuras que buscan legitimidad, oxígeno judicial o simple blindaje político. Y cuando eso ocurre, el costo no lo paga solo el Gobierno: lo pagan las comunidades atrapadas entre violencia, impunidad y economías ilegales que se reciclan bajo nuevos nombres.
La frase de Patiño, más que una defensa, suena a reconocimiento de una falla estructural. El problema no es nuevo, pero cada caso lo vuelve más visible: en un país donde la negociación ha sido una herramienta central para intentar reducir la violencia, distinguir entre interlocutores reales y operadores del delito es una tarea que no puede depender de la improvisación. Si el Estado quiere mantener credibilidad en su política de paz, tendrá que demostrar que sabe con quién habla, por qué habla y qué mecanismos usa para evitar que el narcotráfico se disfrace de mediación política. De lo contrario, cada acercamiento terminará minando la confianza pública y fortaleciendo precisamente a quienes dicen combatir.
