Kenia reúne 6.400 millones de dólares para proteger los océanos, pero el reto es cumplir
Ciento cuatro países y organismos prometieron en Kenia movilizar 6.400 millones de dólares para proteger los océanos, en la mayor señal política y financiera que deja la conferencia Our Ocean. El desafío ahora no es anunciar recursos, sino convertirlos en medidas verificables contra la contaminación, la pesca ilegal y la crisis climática.
La Conferencia Nuestro Océano cerró este jueves en Mombasa con una promesa de gran alcance: 104 países y organismos se comprometieron a movilizar 6.400 millones de dólares para proteger los mares, según informó EFE. El anuncio, hecho por el presidente keniano William Ruto, convirtió a esta edición del foro en una de las más ambiciosas desde su creación, no solo por el volumen de recursos, sino porque por primera vez el encuentro se celebró en un país africano, un detalle que desplaza el debate oceánico hacia una región donde el mar es sustento, frontera y también vulnerabilidad.
De acuerdo con el balance presentado al cierre, la conferencia reunió más de 300 nuevos compromisos repartidos en seis frentes: economía azul sostenible, pesca sostenible, nexo océano-clima, áreas marinas protegidas, contaminación marina y seguridad marítima. La mayor porción del dinero quedó concentrada en la economía azul sostenible, con 2.864 millones de dólares, seguida por la pesca sostenible, con 1.750 millones; el componente océano-clima, con 1.180 millones; las áreas marinas protegidas, con 355 millones; la lucha contra la contaminación marina, con 223 millones; y la seguridad marítima, con apenas 28 millones. La Unión Europea también anunció una contribución de 396,7 millones de dólares a través de Horizonte Europa, su programa de investigación e innovación para el periodo 2021-2027.
El peso político de la cumbre no está solo en las cifras, sino en lo que revela sobre el estado real de la gobernanza oceánica: hay consenso sobre el diagnóstico, pero el seguimiento suele ser la pieza débil. Ruto lo dijo con claridad al cerrar el encuentro: el mundo debe pasar de las declaraciones a resultados concretos, con puertos más limpios, industrias vinculadas a la transición azul-verde y empleos de mayor valor. Esa presión es clave porque los océanos ya reciben el golpe combinado de la sobrepesca, la contaminación plástica, el calentamiento global y la inseguridad marítima, una mezcla que golpea tanto a comunidades costeras pobres como a economías dependientes del comercio marítimo. En otras palabras, lo que se decide en este tipo de foros termina afectando desde el precio del pescado hasta la estabilidad de rutas estratégicas y la protección de ecosistemas que sostienen millones de vidas.
La conferencia dejó además una señal regional y diplomática relevante: quince gobiernos de África, Asia, el Caribe y el Pacífico firmaron la llamada Declaración de Mombasa para reforzar la transparencia contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Entre los firmantes aparecen países con peso en América Latina como Chile, Panamá y Perú, además de República Dominicana y otras naciones insulares y costeras. Esa lista importa porque la pesca ilegal no es un problema abstracto ni lejano: erosiona ingresos, debilita controles estatales y castiga a los pescadores legales que sí cumplen reglas. El verdadero examen vendrá ahora, cuando cada compromiso tenga que traducirse en presupuestos, obras, fiscalización y resultados medibles. Ahí es donde se sabrá si Mombasa fue una cumbre de anuncios o el punto de partida de una política oceánica menos retórica y más efectiva.
