PAN exige recuperar territorios del crimen y frenar la captura del Estado
Imagen: infobae
El PAN pidió al Estado mexicano recuperar los territorios disputados por el crimen organizado y reconstruir la autoridad pública en zonas donde el miedo ha desplazado a la ley. Jorge Romero advirtió que no habrá libertad real mientras comunidades enteras sigan sometidas por la violencia.
El Partido Acción Nacional puso sobre la mesa una de las discusiones más sensibles de la crisis de seguridad en México: la necesidad de que el Estado recupere los territorios donde el crimen organizado manda más que las autoridades. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, sostuvo que no puede hablarse de libertad en regiones donde la población vive bajo amenaza, una frase que retrata con crudeza lo que miles de familias enfrentan a diario en estados marcados por la extorsión, los desplazamientos y el control armado de rutas, comercios y autoridades locales.
De acuerdo con la información difundida por infobae, Romero planteó que la respuesta no puede limitarse a operativos aislados ni a discursos de contención. Su propuesta pasa por fortalecer las instituciones, cortar el flujo de dinero que alimenta a las organizaciones delictivas y cerrar el paso a cualquier vínculo entre funcionarios públicos y grupos criminales. En otras palabras: no sólo se trata de perseguir sicarios, sino de desmantelar la estructura que permite que las mafias se sostengan, se infiltren y, en muchos casos, sustituyan al Estado en zonas completas del país.
La declaración del PAN llega en un momento en que la seguridad sigue siendo uno de los principales factores de desgaste político para el gobierno federal y para las administraciones estatales. México arrastra desde hace años una expansión territorial del crimen organizado que ya no se expresa únicamente en enfrentamientos armados, sino también en cobros de piso, control de mercados locales, amenazas a transportistas, reclutamiento forzado y presión sobre autoridades municipales. El diagnóstico político es claro, pero el reto práctico es más complejo: recuperar territorio implica presencia permanente, inteligencia financiera, coordinación institucional y, sobre todo, depurar los espacios de poder donde el crimen ha encontrado protección, por omisión o por complicidad.
El señalamiento de Romero también revela algo que la discusión pública suele esquivar: la violencia no sólo se combate con fuerza, sino con capacidad de gobierno. Si una comunidad tiene que negociar con criminales para abrir un negocio, mover mercancías o simplemente salir de casa sin temor, entonces el problema ya no es únicamente policial, sino democrático. Por eso el llamado del PAN apunta a un debate más profundo sobre la fragilidad del Estado en amplias zonas del país y sobre la urgencia de reconstruir confianza en las instituciones. Sin ese paso, cualquier promesa de paz seguirá chocando con la realidad cotidiana de millones de mexicanos que viven bajo reglas impuestas por quienes portan armas, no por quienes ganan elecciones.
