Paola Gárate denuncia omisión en su seguridad y acusa trato desigual en Sinaloa

Paola Gárate volvió a poner sobre la mesa un tema incómodo para las autoridades de Sinaloa: la protección selectiva. La legisladora denunció que sus solicitudes de seguridad han sido ignoradas, aun cuando asegura haber enfrentado distintos hechos de riesgo, mientras —según su señalamiento— otras personas vinculadas al escenario político sí reciben resguardo. Su reclamo no es menor: en un estado marcado por la violencia y la tensión entre grupos criminales, pedir escolta no es un gesto de comodidad, sino una medida básica de supervivencia institucional.

De acuerdo con la información difundida por Infobae, Gárate sostuvo que la respuesta oficial frente a sus peticiones ha sido insuficiente o directamente omisa. La diputada señaló que ha insistido en varias ocasiones para obtener protección, pero que no ha habido una atención real a su caso, pese a que dice haber enfrentado episodios que justifican una evaluación seria del riesgo. En contraste, cuestionó que haya figuras a las que sí se les asigna seguridad, lo que para ella refleja una decisión política más que un criterio técnico. Su crítica apunta al corazón del problema: cuando la protección depende de quién la pide y no del nivel de amenaza, el Estado pierde credibilidad.

El caso de Gárate importa porque retrata una falla que rebasa a una sola legisladora. En contextos como el de Sinaloa, donde la violencia ha infiltrado la vida pública, la seguridad de funcionarios, candidatos y activistas se convierte en un termómetro de la capacidad del gobierno para sostener el orden mínimo. Si una representante electa denuncia que sus alertas son desatendidas, el mensaje hacia la ciudadanía es inquietante: ni siquiera dentro de las instituciones hay garantías claras de protección. Y eso no solo afecta a quienes ocupan cargos; también desalienta la participación política, refuerza el miedo y normaliza que el riesgo sea administrado con discrecionalidad.

La discusión, en el fondo, no se limita a quién merece escolta y quién no. Lo que está en juego es la transparencia con la que se evalúan las amenazas, la rapidez de respuesta de las autoridades y la confianza en que la seguridad pública no se convierta en un privilegio. Si el gobierno estatal no aclara por qué unas solicitudes avanzan y otras no, el episodio terminará alimentando la percepción de arbitrariedad. Y en una entidad donde la violencia ya condiciona la vida cotidiana, cada señal de abandono institucional pesa mucho más de lo que parece.