La reforma pensional vuelve al Congreso y se abre otro choque entre el Gobierno y el uribismo
Imagen: El Tiempo - Política
La reforma pensional vuelve a quedar en el centro del choque político: la Corte Constitucional mantuvo vivo el grueso del proyecto y abrió la puerta a que el uribismo impulse una nueva ley para corregir lo que considera fallas de trámite y fondo. El pulso ahora se traslada al Congreso, donde el Gobierno intentará defender su apuesta y la oposición buscará reescribirla.
La reforma pensional vuelve a quedar atrapada en el vaivén institucional y político que ha marcado su trámite desde el comienzo. Tras la decisión de la Corte Constitucional de dejar con vida la mayor parte del proyecto, el uribismo sostiene que el camino para enmendar lo que considera errores ya no pasa por simples ajustes, sino por la presentación de una nueva iniciativa en el Congreso. En la práctica, eso reabre una pelea de alto voltaje sobre el sistema de jubilaciones en Colombia, justo en un tema que afecta a millones de trabajadores formales e informales que siguen sin claridad sobre cómo y cuándo podrán pensionarse.
De acuerdo con la información conocida por El Tiempo - Política, la discusión gira alrededor de si la reforma debe ser corregida dentro del mismo expediente legislativo o si, por el contrario, el Gobierno tendrá que asumir una nueva negociación parlamentaria. La oposición uribista insiste en que la salida jurídica y política correcta es radicar otro proyecto que subsane los vicios señalados en el trámite y ajuste los puntos que más controversia han generado. Mientras tanto, el petrismo busca conservar el núcleo de su apuesta: un sistema con mayor intervención pública, mayor redistribución y un papel central de Colpensiones como columna vertebral del modelo.
Lo que está en juego va mucho más allá de un pulso entre bancadas. La reforma pensional es una de las piezas más sensibles del programa de Gustavo Petro porque define cómo se financiarán las pensiones en un país con alta informalidad laboral, envejecimiento progresivo de la población y una cobertura históricamente insuficiente. Por eso, cada corrección técnica se convierte en un debate de poder: quién administra los recursos, qué papel tendrá el ahorro privado y cuánto margen real existe para sostener una reforma de este tamaño sin desbalancear las cuentas públicas. En ese escenario, la decisión de la Corte no cierra la discusión; la desplaza al Congreso, donde volverán a medirse Gobierno, oposición y sectores que ya venían advirtiendo sobre riesgos fiscales y jurídicos.
El nuevo pulso legislativo también anticipa un problema de fondo para el país: la dificultad de convertir una reforma estructural en una política estable cuando el debate está dominado por la sospecha mutua y la litigiosidad. Si el uribismo logra mover una nueva ley, el Gobierno enfrentará otro frente de negociación y, probablemente, otro ciclo de resistencia en las cortes. Si no lo logra, la reforma seguirá avanzando, pero con una fragilidad política que puede complicar su implementación. Para la gente de a pie, el mensaje es menos técnico de lo que parece: el sistema pensional sigue sin ofrecer certezas duraderas, y esa incertidumbre pesa especialmente sobre quienes hoy trabajan sin aportes suficientes y sobre quienes ya están cerca de retirarse sin saber si el país les responderá a tiempo.
