Bolivia activa al Ejército para levantar bloqueos tras el fracaso del pacto de paz

Bolivia pasó en cuestión de horas de la firma de un acuerdo de pacificación a una nueva fase de tensión interna. El Gobierno decretó el estado de excepción y autorizó el despliegue del Ejército para abrir las carreteras bloqueadas por manifestantes campesinos, después de que esos sectores desconocieran el pacto alcanzado con las autoridades, según informó El País. La decisión marca un giro brusco en la estrategia oficial: de la negociación al uso de la fuerza pública en uno de los temas más sensibles de la política boliviana, el control de las rutas y el manejo del conflicto social.

La medida llega en medio de una presión creciente sobre el país, donde los bloqueos carreteros no solo paralizan el tránsito, sino que también afectan el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, además de frenar el comercio interno. De acuerdo con la información publicada por El País, el Ejecutivo habilitó a las Fuerzas Armadas para intervenir en los puntos de protesta con el objetivo de restablecer la circulación. El problema es que la ruptura del acuerdo por parte de los campesinos deja al Gobierno con menos margen político y más dependencia de mecanismos de excepción, una fórmula que puede imponer orden en el corto plazo, pero también profundizar la desconfianza en el mediano.

Lo ocurrido refleja una constante en Bolivia: la fragilidad de los pactos entre el poder central y los movimientos sociales cuando detrás de la protesta hay demandas acumuladas, disputas territoriales y una sensación extendida de abandono en las zonas rurales. En ese escenario, un acuerdo firmado en la mesa puede desmoronarse al día siguiente en la carretera, que sigue siendo el principal espacio de presión política para muchos sectores. Por eso esta decisión no solo importa por el despliegue militar en sí, sino por lo que revela sobre la gobernabilidad del país: cuando el diálogo no logra sostenerse, el Estado termina recurriendo a la coerción, con el riesgo de escalar el conflicto en lugar de desactivarlo.

Para la población, el costo de esta crisis se mide en horas perdidas, productos que no llegan y servicios que se interrumpen. Para el Gobierno, el desafío es todavía mayor: si logra despejar las vías, deberá demostrar que puede reconstruir una salida política duradera; si fracasa, quedará expuesto ante un país que ya ha visto demasiadas veces cómo la pacificación en Bolivia dura menos que un bloqueo sobre el asfalto.