Sánchez ve avances en los incendios, pero alerta por horas decisivas y pide pacto de Estado
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El fuego que une Ávila y Madrid sigue fuera de control, ha quemado 2.339 hectáreas y forzó la evacuación de más de 30.000 personas. Sánchez habla de una evolución positiva, pero admite que aún quedan horas complejas.
El gran incendio que afecta de manera simultánea a Ávila y Madrid sigue siendo una emergencia abierta y de alto riesgo, aunque el Gobierno ya percibe señales de contención en algunos frentes. El fuego, originado el miércoles, permanece descontrolado y ha arrasado 2.339 hectáreas, mientras más de 30.000 personas han tenido que abandonar sus casas en medio de una operación de evacuación que continúa activa y que refleja la magnitud de un episodio que no solo golpea al campo, sino también a urbanizaciones, municipios y servicios de emergencia al límite.
Pedro Sánchez reconoció que todavía “quedan horas complejas”, pero subrayó que la evolución general de los incendios en Ávila, Madrid y Toledo es “positiva”, con varios focos ya consolidados. Según informó el Ejecutivo, el presidente insistió en que la prioridad sigue siendo proteger vidas y frenar la expansión del fuego con el trabajo de los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, al tiempo que pidió a la población máxima prevención, prudencia y atención exclusiva a los canales oficiales y a los medios de comunicación. En paralelo, avanzó que el Consejo de Ministros aprobará un real decreto para declarar como zonas gravemente afectadas los territorios castigados por las llamas, una decisión que abre la puerta a ayudas y a un proceso de reconstrucción que, en casos como este, suele ser largo y desigual.
Los datos muestran la dimensión del desastre. El número de municipios evacuados asciende a 39: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo. Además, hay siete localidades confinadas en la provincia de Ávila y en Madrid, entre ellas San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa, donde miles de vecinos han tenido que reorganizar su vida en cuestión de horas. Este escenario deja algo más que cenizas: evidencia la vulnerabilidad de amplias zonas del interior peninsular frente a incendios cada vez más agresivos, en un contexto de altas temperaturas, sequedad extrema y una emergencia climática que deja de ser una advertencia para convertirse en una realidad política, territorial y social. Por eso Sánchez volvió a pedir un gran pacto de Estado frente al cambio climático, al sostener que la respuesta no puede limitarse a apagar fuegos, sino que debe incorporar ciencia, prevención, gestión del territorio y coordinación real entre administraciones.
La escena política también deja un mensaje claro: en crisis de esta magnitud, la cooperación institucional es obligada, pero no suficiente. Sánchez destacó la coordinación con Castilla y León, una relación que el presidente de la Junta, Alfonso Mañueco, respaldó al anunciar que su gobierno se personará como acusación contra quien provocó el incendio, al considerarlo fruto de una imprudencia. Esa línea abre otro debate incómodo pero necesario: en España, como en Colombia y en buena parte de América, la frontera entre negligencia, imprudencia y delito suele pagarse con destrucción ambiental, dinero público y comunidades enteras obligadas a empezar de cero. Si algo deja este incendio es una certeza: el problema ya no es solo combatir las llamas, sino prepararse para un verano en el que el fuego puede seguir marcando la agenda del Estado.
