Pedro Sánchez negó sobrecosto en pago a Saab por aviones Gripen
Imagen: infobae colombia
Pedro Sánchez defendió el pago hecho a Saab por los aviones Gripen y negó que hubiera un sobrecosto en la operación. Según explicó, el desembolso se hizo a una tasa de cambio más favorable que la presupuestada, lo que habría generado un ahorro de $2.413 millones.
Pedro Sánchez salió a defender la operación de compra de los aviones Gripen a Saab y rechazó que el Gobierno hubiera asumido un sobrecosto en el pago. El exministro de Defensa sostuvo que, lejos de encarecerse, el desembolso terminó favoreciendo las cuentas públicas gracias a una tasa de cambio inferior a la que se había calculado originalmente en el presupuesto.
De acuerdo con la explicación entregada por Sánchez y recogida por infobae colombia, el pago se realizó a una tasa de $4.260,19 por euro, por debajo de la cifra prevista en la planeación financiera inicial. Esa diferencia, según su versión, permitió un ahorro de $2.413 millones frente al escenario que se tenía presupuestado para la transacción con la firma sueca Saab.
La aclaración no es menor porque la compra de capacidad militar suele convertirse rápidamente en un asunto político, fiscal y técnico al mismo tiempo. En Colombia, cada contrato de defensa de alto valor termina sometido a una lupa doble: por un lado, la discusión sobre si el Estado está pagando de más; por otro, la necesidad de modernizar equipos que ya quedaron rezagados frente a las exigencias de seguridad aérea y defensa nacional. En ese terreno, la defensa de Sánchez busca cerrar la puerta a la narrativa del sobrecosto y reubicar el debate en términos de eficiencia presupuestal.
Aun así, el episodio deja una pregunta de fondo: no basta con señalar una tasa de cambio favorable para disipar todas las dudas sobre una adquisición de esta magnitud. En Colombia, donde la discusión sobre el gasto militar convive con presiones fiscales, cualquier operación de este tipo exige transparencia total, trazabilidad de los pagos y explicaciones comprensibles para la opinión pública. Si el Gobierno logró realmente una ganancia presupuestal en la compra, tendrá que sostenerlo con cifras verificables; si no, la controversia seguirá alimentando el escepticismo sobre cómo se negocian los grandes contratos del Estado.
