Peinado endurece la presión sobre Begoña Gómez y le veta salir de España
Imagen: El País
El juez Juan Carlos Peinado ha dado un nuevo golpe judicial a Begoña Gómez: abre juicio oral, le retira el pasaporte y le impide salir de España. La decisión, impulsada tras la petición de Hazte Oír y Vox, eleva la presión política sobre la esposa de Pedro Sánchez.
El magistrado Juan Carlos Peinado ha elevado un paso más la causa contra Begoña Gómez al abrir juicio oral, retirarle el pasaporte y prohibirle abandonar España, una decisión que además la obliga a presentarse dos veces al mes ante el juzgado. La medida, según informó El País, se apoya en la tesis de que existiría un riesgo de fuga, extremo que el juez vincula incluso a la posibilidad de que la investigada contara con ayuda de sus escoltas para salir del país. No es una resolución menor: en términos judiciales y políticos, supone una intensificación clara del cerco sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y convierte un caso que ya era explosivo en un nuevo foco de desgaste para Moncloa.
La decisión de Peinado llega, además, con un dato que no pasa inadvertido: ha sido adoptada a petición de organizaciones y formaciones situadas en el ala más dura del tablero político, entre ellas Hazte Oír y Vox. Ese detalle importa porque sitúa el avance del procedimiento en un terreno donde la batalla jurídica y la batalla política se confunden con facilidad. La medida cautelar de retirar el pasaporte y ordenar comparecencias periódicas responde a un criterio preventivo que, en teoría, busca asegurar la presencia de la investigada mientras avanza la causa. Pero el contexto en el que se produce —con una carga ideológica evidente y bajo fuerte escrutinio público— le añade una lectura más amplia: la de un proceso que no solo afecta a una persona concreta, sino que se proyecta sobre la estabilidad del Ejecutivo y sobre el clima de polarización que atraviesa la política española.
En el fondo, este episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda para cualquier democracia: cómo separar el curso ordinario de la justicia de la utilización partidista de una investigación que afecta al entorno más próximo del jefe del Gobierno. El caso de Begoña Gómez ya había traspasado hace tiempo el perímetro estrictamente judicial para convertirse en un arma de desgaste político, y ahora entra en una fase más delicada porque la apertura de juicio oral y las restricciones personales elevan la sensación de gravedad, aunque no anticipan por sí solas una condena. Conviene recordar que una causa judicial puede avanzar con medidas muy duras sin que ello suponga una conclusión definitiva sobre los hechos. Pero también es cierto que, en el plano público, cada resolución de este tipo erosiona la imagen de normalidad institucional y alimenta una pregunta que cada vez pesa más en la conversación política: cuánto daño puede absorber un gobierno cuando la presión judicial alcanza de lleno a su círculo íntimo.
Para el ciudadano de a pie, especialmente en un país donde la confianza en las instituciones suele resentirse con facilidad, estas decisiones tienen una consecuencia concreta: refuerzan la sensación de que la política y la justicia transitan por carriles cada vez más mezclados. Y cuando eso ocurre, el debate deja de girar solo en torno a la responsabilidad individual de Begoña Gómez y pasa a medir también la solidez del sistema, la prudencia de los jueces y la capacidad del Gobierno para gobernar mientras enfrenta un frente judicial que, a estas alturas, ya tiene coste reputacional dentro y fuera de España.
