Peramato blinda la autonomía de la Fiscalía en el Senado y rechaza injerencias políticas

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, convirtió este viernes su comparecencia en el Senado en una defensa frontal de la independencia de la Fiscalía en uno de los episodios más incómodos para la institución en los últimos meses: la causa abierta contra su antecesor, Álvaro García Ortiz. Ante la comisión de Justicia, y a petición del Partido Popular, Peramato sostuvo que la actuación del Ministerio Fiscal ha estado guiada por la legalidad, la autonomía funcional y el respeto a los derechos fundamentales, en un intento claro de cerrar la puerta a la lectura política del caso. En un clima de fuerte tensión institucional, su mensaje fue inequívoco: la Fiscalía, dijo en esencia, no puede ser tratada como una pieza subordinada al poder político ni sometida a un examen parlamentario que termine desvirtuando su papel constitucional.

La comparecencia estuvo marcada por dos frentes. Por un lado, la oposición quiso que Peramato explicara tanto la política de nombramientos como la posición de respaldo institucional a García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo. Por el otro, la fiscal general defendió que los ascensos y designaciones bajo su mando se han basado en criterios de mérito, capacidad y adecuación al puesto, no en afinidades ni cuotas de poder. También trató de rebajar la polémica por la expresión “sanar heridas”, utilizada en su discurso de toma de posesión y que ha sido interpretada por sus críticos como una señal de alineamiento interno o de justificación política. Peramato aseguró que esa frase ha sido sacada de contexto y que su sentido era otro: recomponer la cohesión de la institución, reforzar su unidad y proyectar una Fiscalía serena, profesional y comprometida con el Estado de derecho.

Más allá del cruce parlamentario, la discusión remite a un asunto de fondo que no es menor en una democracia: hasta dónde puede llegar el control de las Cortes sobre una Fiscalía que, por diseño, debe actuar con autonomía, sin quedar atrapada en la lógica de mayorías y minorías políticas. Peramato recordó que la estructura legal del Ministerio Fiscal no lo sitúa dentro del Ejecutivo ni lo convierte en un órgano de dirección política, y citó incluso advertencias de la Comisión de Venecia sobre el riesgo de que el escrutinio parlamentario de las fiscalías derive en politización o en presiones populistas. Esa referencia no es decorativa: en España, como en otros países europeos, el debate sobre la independencia de la justicia y la fiscalía vuelve una y otra vez cuando las investigaciones tocan a altos cargos o cuando la oposición sospecha de interferencias. Por eso este episodio importa más allá del caso García Ortiz: afecta a la credibilidad de una institución que debe perseguir delitos sin parecer instrumento de nadie.

El problema para el Gobierno y para la propia Fiscalía es que estas explicaciones ya no se leen solo en clave técnica. En el escenario actual, cada nombramiento, cada respaldo institucional y cada frase de tono conciliador se examina como si fuera una declaración de intenciones políticas. Y eso tiene consecuencias concretas para la confianza ciudadana: cuando la gente percibe que la justicia fiscal se mueve al ritmo del combate partidista, el daño no es abstracto, sino democrático. En última instancia, lo que se debate en el Senado no es solo la gestión de Peramato, sino si la Fiscalía podrá sostener su autoridad sin quedar atrapada entre la presión de la oposición, la defensa del Gobierno y la sospecha permanente sobre su independencia.