Mujeres trans en cárceles de Paraguay denuncian violencia y abandono sanitario

Unas 60 mujeres trans que han estado recluidas en cárceles de Paraguay entre 2020 y 2026 describieron un panorama de violencia, exclusión y desprotección sanitaria dentro del sistema penitenciario, según un estudio difundido por el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El diagnóstico, elaborado por la organización Casa Diversa, no solo confirma una realidad de riesgo permanente, sino que exhibe cómo la población trans sigue siendo tratada como un problema de administración carcelaria y no como un grupo con derechos que el Estado está obligado a proteger.

De acuerdo con el informe, todas las entrevistadas consideraron que la atención en salud fue básica o insuficiente, con quejas reiteradas por demoras, falta de confidencialidad en temas de salud sexual y problemas en la entrega de medicamentos. El estudio también señala que las mujeres trans pasaron por celdas compartidas, incluso con hombres, que fueron trasladadas sin aviso y que dentro de las cárceles enfrentaron extorsiones para acceder a espacios supuestamente seguros. A eso se suman denuncias de violencia física, agresiones verbales y explotación sexual. El documento agrega un dato revelador: apenas el 8,3 % logró acceder a espacios educativos dentro de los reclusorios, una muestra de cuán limitada es también cualquier posibilidad de reinserción.

La representante de Casa Diversa, Yren Noriega, explicó que el problema no es nuevo, sino persistente: en la práctica, las mujeres trans siguen siendo ubicadas en penitenciarías de varones, pese a que existe un protocolo del Ministerio de Justicia que ordena su separación en pabellones diferenciados. Esa brecha entre la norma y la realidad es clave para entender por qué el informe importa más allá del caso paraguayo. Cuando un sistema penitenciario no garantiza separación, atención médica adecuada ni protección frente a abusos, lo que produce no es solo vulneración de derechos, sino un entorno donde la violencia se vuelve parte del encierro. Para las personas trans, además, el costo suele ser mayor: su identidad se convierte en un factor de riesgo dentro de instituciones donde ya prima el hacinamiento y la precariedad.

Casa Diversa sostiene que hoy hay unas 30 personas trans privadas de la libertad en Paraguay y advierte que no existe un programa de reinserción social diseñado para ellas, pese a que muchas viven en condiciones que la organización califica de inhumanas. La expectativa ahora es que el diagnóstico sirva como base para instalar una mesa de diálogo con el Estado y abrir una discusión que el sistema penitenciario paraguayo ha postergado por años. En un país donde la cárcel suele funcionar más como depósito de exclusión que como espacio de rehabilitación, el caso de las mujeres trans deja en evidencia una deuda institucional más amplia: la de garantizar dignidad mínima incluso para quienes están tras las rejas.