Petro ordena investigar presunto abuso policial contra operador del SITP
Imagen: infobae colombia
Gustavo Petro pidió abrir una investigación por el presunto abuso policial denunciado por James Peña Silva, operador del SITP que dice haber sido agredido tras reportar irregularidades laborales. El caso vuelve a poner bajo la lupa la relación entre fuerza pública, protesta ciudadana y garantías para denunciar.
El presidente Gustavo Petro pidió que se investigue el presunto abuso policial denunciado por James Peña Silva, un operador del SITP que asegura haber sido agredido después de exponer irregularidades y atropellos que, según él, enfrentan los trabajadores del sistema. El caso escaló rápidamente porque no solo involucra una presunta agresión física, sino también una pregunta de fondo: qué tan protegidos están los ciudadanos cuando deciden denunciar abusos o reclamar por sus condiciones laborales.
De acuerdo con lo que ha trascendido en la información conocida hasta ahora, Peña Silva afirmó que fue violentado de manera desproporcionada tras hacer pública su queja. Su relato se suma a una cadena de denuncias que, en Bogotá, suelen poner bajo presión a las autoridades cuando se mezclan asuntos de orden público, uso de la fuerza y conflictos laborales en uno de los sistemas más sensibles de la capital: el transporte público. La reacción del jefe de Estado abre la puerta a una revisión institucional del procedimiento policial y a determinar si hubo exceso en la actuación de los uniformados.
El episodio no es menor. En Colombia, los reclamos por presuntos abusos policiales han venido ganando espacio en el debate público porque tocan una herida vieja: la distancia entre la ciudadanía y la fuerza pública cuando hay denuncias, manifestaciones o confrontaciones en la calle. En el caso de los trabajadores del SITP, el reclamo también expone la precariedad y las tensiones laborales de quienes sostienen a diario un servicio esencial para millones de bogotanos. Si se confirma una actuación indebida, el mensaje institucional tendría que ser claro; si no, también será necesario despejar dudas con rapidez para evitar que el caso se convierta en otro símbolo de desconfianza.
Más allá del hecho puntual, lo que está en juego es la credibilidad de las autoridades para investigar sus propios procedimientos y la capacidad del Estado para garantizar que denunciar no termine en represalia. En una ciudad donde el transporte masivo depende de miles de trabajadores invisibles, cualquier señal de abuso contra ellos no solo afecta a una persona: golpea la confianza en el sistema completo y deja una advertencia incómoda sobre cómo se trata a quienes alzan la voz.
