Corte Constitucional revisará posible vicio en trámite de la reforma pensional por manejo del Senado
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La Presidencia del Senado quedó bajo la lupa por una maniobra que podría comprometer la reforma pensional. El representante Simón Molina pidió a la Corte Constitucional revisar si Iván Name afectó la validez del trámite al delegar 14 de 16 sesiones clave.
La reforma pensional volvió a entrar en zona de riesgo, esta vez no por el contenido del proyecto sino por el procedimiento con el que avanzó en el Congreso. El representante Simón Molina pidió a la Corte Constitucional que examine si la conducta de Iván Name, cuando presidía el Senado, puede comprometer la validez de la iniciativa, luego de que, según su advertencia, cediera 14 de las 16 sesiones clave del trámite legislativo a la senadora María José Pizarro. La discusión ya no gira solo en torno a los beneficios o costos del nuevo sistema de pensiones, sino a si el Congreso respetó las reglas mínimas que blindan una ley de semejante impacto.
De acuerdo con la información conocida, el señalamiento de Molina apunta a una posible irregularidad en la conducción del debate, un punto sensible porque la reforma pensional ha sido una de las apuestas centrales del Gobierno y uno de los proyectos más observados por la opinión pública, los gremios y los partidos de oposición. El hecho de que la presidencia de las sesiones haya sido trasladada de manera reiterada a otra congresista abre una duda de fondo: si ese manejo alteró las garantías del proceso legislativo o si, por el contrario, se trató de una práctica permitida dentro del funcionamiento del Senado. Esa diferencia no es menor, porque en materia constitucional la forma también define el fondo.
El caso importa por una razón simple: si la Corte encuentra que hubo vicios de trámite, la reforma podría enfrentar un golpe serio incluso después de haber sido aprobada políticamente. En Colombia, varias reformas de gran calado han terminado debilitadas o anuladas por fallas procedimentales, y esa amenaza vuelve a aparecer en un asunto que afecta de manera directa a millones de trabajadores actuales y futuros pensionados. Para la ciudadanía, el debate no es técnico ni distante: está en juego la certeza jurídica de una reforma que busca cambiar el ahorro, la administración de recursos y la ruta de jubilación en un país donde la informalidad y la desconfianza institucional siguen marcando el sistema.
Ahora la pelota queda en manos de la Corte Constitucional, que deberá establecer si la Presidencia del Senado actuó dentro de los márgenes legales o si la delegación de esas sesiones compromete la legitimidad del trámite. Más allá del desenlace judicial, el episodio deja una señal incómoda para el Gobierno y el Congreso: las reformas estructurales no solo deben tener votos, también necesitan procedimientos impecables para sobrevivir al control constitucional y conservar credibilidad ante un país cansado de cambios anunciados a medias.
