Extradición de 'HH' deja en el aire la mesa con Comuneros del Sur y revela vacío del Gobierno
Imagen: El Tiempo - Política
La extradición de Gabriel Yepes, alias 'HH', dejó en el aire el futuro de la mesa con Comuneros del Sur y expuso un vacío administrativo que el Gobierno no ha resuelto. Los delegados del proceso hablan de un limbo mientras varios diálogos del pasado gobierno siguen sin cierre formal.
La extradición de Gabriel Yepes, conocido como alias 'HH', no solo golpeó la mesa de negociación con Comuneros del Sur: también dejó al descubierto una falta de definiciones formales del Gobierno sobre el destino de ese proceso y otros que vienen arrastrándose desde la administración anterior. Según informó El Tiempo - Política, los delegados que participaban en ese espacio aseguran que hoy operan en un “limbo” porque no existe todavía un acto administrativo que ordene con claridad si la mesa sigue, se suspende o se da por terminada.
El problema no es menor. En Colombia, los procesos de paz y de sometimiento no sobreviven solo con voluntad política o con anuncios públicos; necesitan decisiones administrativas precisas que den seguridad jurídica, fijen reglas y establezcan quién tiene competencia para hablar en nombre del Estado. La ausencia de esa resolución, tras la salida del país de uno de los principales cabecillas del grupo, deja en entredicho la continuidad de la interlocución y abre preguntas sobre la coherencia del Ejecutivo frente a su política de “paz total”. De acuerdo con El Tiempo - Política, el reclamo de los delegados apunta a que no hay un cierre formal ni para este caso ni para otros procesos heredados del gobierno anterior.
Este vacío importa porque la negociación con grupos armados o estructuras ilegales no puede depender de interpretaciones políticas del momento. Si un actor clave es extraditado, detenido o pierde capacidad de mando, el Estado debe definir con rapidez si reconfigura la mesa, si la congela o si cambia de interlocutores. De lo contrario, el mensaje hacia las comunidades afectadas, las instituciones y los propios integrantes del grupo es de improvisación. Y en territorios donde estos diálogos tienen impacto directo sobre seguridad, movilidad y control armado, cada retraso institucional puede traducirse en más incertidumbre para la población. En la práctica, la falta de una resolución también alimenta la sensación de que el Gobierno ha dejado procesos abiertos sin una ruta clara, algo que termina debilitando la confianza en la estrategia de negociación.
El caso de Comuneros del Sur se convierte así en un síntoma de un problema más amplio: el desfase entre la narrativa política del Ejecutivo y la arquitectura administrativa que debería sostenerla. Mientras no se formalice el estado de estas mesas, el Gobierno seguirá expuesto a críticas por manejar la negociación a partir de anuncios, pero sin cerrar jurídicamente lo que ya cambió sobre el terreno. Y en un país donde los procesos de paz han naufragado muchas veces por falta de claridad institucional, ese vacío no es un detalle técnico: es una señal de fragilidad.
