Piden hasta 7 años de cárcel por una estafa de guantes sanitarios en plena pandemia
Imagen: infobae
La Fiscalía pide hasta siete años de cárcel para dos hombres acusados de estafar más de 86.000 euros en una operación de guantes de nitrilo durante la pandemia. El caso vuelve a poner bajo la lupa los fraudes que florecieron con la urgencia sanitaria de 2020.
La Audiencia Provincial de Madrid sentará este miércoles en el banquillo a dos acusados por una presunta estafa de más de 86.000 euros en la venta de guantes de nitrilo durante los meses más críticos de la pandemia. La Fiscalía solicita penas de hasta siete años de prisión al sostener que ambos actuaron de manera coordinada para simular un suministro urgente de material sanitario que nunca llegó, aprovechando la tensión y la escasez que marcaban el mercado en 2020.
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el caso arranca en mayo de aquel año, cuando la empresa Prevención Cadena del Frío y Protección SL buscaba con urgencia guantes para abastecer a personal sanitario en medio del desabastecimiento provocado por la Covid-19. La compañía encargó la operación a LMR Sales and Research SL, cuyo administrador fue derivado por uno de los acusados hacia Imovitech World SL, sociedad administrada por el otro procesado. Con esa intermediación, la víctima acabó pagando 127.063 euros en dos transferencias bancarias, los días 11 y 14 de mayo de 2020, por 10.000 cajas de guantes que, de acuerdo con la Fiscalía, nunca fueron entregadas.
El Ministerio Público sostiene que no se trató de un incumplimiento comercial cualquiera, sino de una maniobra planificada desde el inicio para quedarse con el dinero. Tras los requerimientos de la empresa compradora, la mercantil receptora devolvió solo 41.000 euros el 1 de junio de 2020, pero dejó sin reintegrar 86.063 euros y tampoco realizó entrega parcial alguna ni ofreció una explicación convincente. Para la acusación, los hechos encajan en un delito de estafa agravada y los dos procesados deben responder como coautores, aunque a uno se le aplica la atenuante de reparación parcial del daño y al otro la agravante de reincidencia, porque ya había sido condenado por una estafa previa.
Más allá del monto, el caso refleja una de las zonas más opacas de la pandemia: el mercado del material sanitario, donde la urgencia, la falta de stock y la presión por conseguir insumos abrieron espacio a intermediarios sin escrúpulos y operaciones difíciles de verificar. En España, como en otros países, la crisis sanitaria no solo tensionó hospitales y cadenas de suministro; también convirtió la necesidad en oportunidad para el fraude. Lo que se juzga ahora en Madrid es una pieza de ese rompecabezas: cómo la emergencia pública dejó a empresas y entidades expuestas a estafas que, en muchos casos, se apoyaron en la rapidez de las transferencias y en la imposibilidad de comprobar a tiempo si la mercancía realmente existía.
