Piden investigar al alcalde de Arauca por contrato de acueducto y alcantarillado
Imagen: infobae colombia
La Veeduría para la Transparencia Ciudadana pidió investigar la gestión del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, y al exgerente de Emserpa por presuntas irregularidades en un contrato de acueducto y alcantarillado por $43.382 millones. El caso vuelve a poner bajo la lupa la contratación de obras públicas en un municipio golpeado por rezagos históricos en servicios básicos.
La Veeduría para la Transparencia Ciudadana pidió abrir una investigación sobre la gestión del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, y del exgerente de Emserpa, tras detectar posibles irregularidades en un contrato de acueducto y alcantarillado valorado en $43.382 millones. La solicitud pone en el centro de la discusión una obra clave para un municipio donde el acceso y la calidad de los servicios públicos siguen siendo un asunto sensible para miles de familias.
De acuerdo con la información divulgada por infobae colombia, la petición de la veeduría se fundamenta en presuntas anomalías relacionadas con ese proceso contractual, aunque por ahora no se han detallado públicamente todos los hallazgos ni se conoce una respuesta de fondo de las autoridades señaladas. El señalamiento alcanza tanto al mandatario local como al exdirectivo de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca, Emserpa, entidad encargada de la ejecución o administración del proyecto, lo que eleva el nivel de escrutinio sobre la trazabilidad de los recursos.
El caso no es menor. En Colombia, los proyectos de acueducto y alcantarillado suelen presentarse como obras prioritarias por su impacto directo en salud pública, salubridad y dignidad urbana, pero también son algunos de los contratos más expuestos a cuestionamientos por sobrecostos, demoras o deficiencias en su ejecución. En un departamento como Arauca, donde las brechas institucionales y sociales han sido persistentes, cualquier duda sobre el manejo de una inversión de esta magnitud termina afectando la confianza ciudadana en la administración local y en la capacidad del Estado para llevar infraestructura básica a tiempo y con transparencia.
Lo que sigue ahora es determinar si las presuntas irregularidades tienen sustento jurídico y administrativo o si se trata de alertas preliminares de control ciudadano que deberán ser contrastadas por los entes de investigación. Más allá del resultado, el episodio vuelve a mostrar que la vigilancia sobre la contratación pública no es un trámite accesorio: es la única barrera real para evitar que un proyecto pensado para mejorar la vida cotidiana de la gente termine convertido en otro expediente de sospechas.
