Trasladan policías del esquema presidencial y algunos irán a zonas dominadas por grupos armados
Imagen: infobae colombia
Varios policías que integraban el esquema de protección presidencial del gobierno Petro fueron reubicados y algunos terminarán en zonas de alto riesgo. El traslado ocurre hacia territorios donde operan disidencias, Clan del Golfo y ELN.
Varios policías que hasta ahora hacían parte del grupo de protección presidencial del Gobierno Petro fueron trasladados a otros destinos, y una parte de ellos terminará en zonas de conflicto donde hoy mandan las armas ilegales. La decisión no es menor: implica mover personal entrenado para labores de seguridad de alto perfil hacia territorios golpeados por la presencia de disidencias de alias Iván Mordisco y de “Calarcá”, además del Clan del Golfo y el ELN, según informó infobae colombia.
De acuerdo con la información conocida, estos uniformados saldrán de la órbita más visible del poder en Bogotá para asumir funciones en regiones donde el Estado sigue disputando control territorial con estructuras criminales que cobran extorsiones, restringen movilidad y ejercen presión sobre comunidades enteras. El traslado reconfigura la distribución interna de la Fuerza Pública y pone en evidencia una realidad que el Gobierno no ha logrado resolver: la necesidad de reforzar la seguridad en los centros de poder mientras, en la periferia, los territorios siguen quedando expuestos a grupos armados que se expanden o se reciclan bajo distintas banderas.
El caso tiene una lectura política y otra operativa. La primera pasa por el simbolismo de sacar policías del esquema presidencial en medio de un país donde la seguridad del jefe de Estado siempre es un asunto sensible. La segunda, más de fondo, tiene que ver con la situación en terreno: enviar personal con formación especializada a zonas calientes puede servir para robustecer dispositivos locales, pero también deja ver que el país sigue administrando la crisis de seguridad con parches, moviendo fichas de un lado a otro sin resolver la presión de fondo de organizaciones armadas que actúan en corredores estratégicos del narcotráfico, la minería ilegal y el control social. En departamentos y municipios donde el Estado llega tarde o llega debilitado, estos refuerzos pueden marcar la diferencia entre sostener una operación de seguridad o perder capacidad de reacción frente a actores como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias.
Más allá del movimiento administrativo, lo que revela esta decisión es el mapa real de la seguridad en Colombia: la violencia ya no está confinada a unas pocas zonas rurales, sino que condiciona el funcionamiento del Estado y obliga a redistribuir personal, recursos y prioridades. Para la ciudadanía, esto significa que mientras se protege la institucionalidad en el nivel más alto, en muchos territorios la protección cotidiana sigue siendo precaria y depende, en buena medida, de cuántos uniformados haya disponibles para contener a los grupos que disputan el control del país desde la periferia.
