Gobierno revive el debate del glifosato y reabre una vieja fractura en la política antidrogas
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno volvió a mover el tablero de la política antidrogas al tumbar la resolución que prohibía la aspersión con glifosato, reabriendo el debate sobre su eventual regreso. La medida no implica una reanudación inmediata, pero sí deja en suspenso una decisión que divide a políticos, campesinos y defensores de derechos humanos.
La decisión del Gobierno de dejar sin efecto la resolución que prohibía la aspersión con glifosato reactivó de inmediato una de las discusiones más sensibles de la política antidrogas en Colombia. Aunque el decreto no autoriza de manera automática la fumigación aérea, sí elimina una barrera normativa que durante años había cerrado la puerta a esa herramienta y vuelve a poner sobre la mesa un método que provoca respaldo entre sectores que priorizan la erradicación de cultivos ilícitos y rechazo entre quienes advierten daños ambientales y riesgos para las comunidades rurales.
Según informó El Tiempo - Política, la medida desató reacciones encontradas en distintos sectores políticos. Quienes la respaldan sostienen que el Estado necesita recuperar instrumentos más agresivos frente al crecimiento de los cultivos de coca y al poder territorial de las estructuras criminales. En esa orilla, la aspersión aparece como una señal de fuerza institucional, especialmente en regiones donde la erradicación manual ha sido insuficiente o demasiado costosa para la Fuerza Pública. Del otro lado, las críticas se concentran en los posibles efectos sobre la salud humana, los suelos, las fuentes hídricas y la confianza de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que han soportado durante años la carga de la guerra contra las drogas.
El punto de fondo es político y técnico a la vez: este cambio normativo no significa que el glifosato volverá de inmediato a operar sobre los cultivos, pero sí abre el camino para que el Ejecutivo evalúe su reactivación bajo nuevas condiciones. Y eso importa porque Colombia ya vivió la experiencia de la aspersión aérea y la discusión no se puede reducir a una pelea ideológica. El país está atrapado entre dos presiones simultáneas: mostrar resultados rápidos frente a Estados Unidos en materia de reducción de coca y, al mismo tiempo, evitar que la política antidrogas termine castigando otra vez a poblaciones que históricamente han quedado en medio del conflicto. Cualquier paso en esa dirección tendrá impacto en el cumplimiento de metas de erradicación, en la relación con Washington y en la ya frágil legitimidad del Estado en las zonas cocaleras.
En la práctica, la decisión abre un nuevo capítulo en una estrategia que ha fracasado cuando se ha medido solo por hectáreas erradicadas y no por la capacidad real del Estado de ofrecer alternativas económicas sostenibles. Por eso el debate va mucho más allá del químico: lo que está en juego es si Colombia insiste en una fórmula que privilegia el golpe rápido o si finalmente consolida una política más compleja, pero también más duradera, para sacar a las comunidades de la dependencia de la coca.
