Protegen a Deyci Jiménez mientras crece la presión por sus contratos
Imagen: infobae colombia
El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció medidas de protección para Deyci Jiménez, la joven que aseguró haber obtenido contratos por 100 millones de pesos tras supuestos favores sexuales relacionados con Petro. El caso ya está bajo la lupa de organismos de control y alimenta una fuerte tormenta política.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció medidas de protección para Deyci Jiménez, la joven que aseguró haber conseguido contratos por 100 millones de pesos tras supuestos favores sexuales relacionados con Gustavo Petro. La decisión se produce en medio de una creciente presión pública y de la expectativa por lo que puedan determinar los organismos de control sobre unos contratos que ya están en el centro de la controversia.
Según informó infobae colombia, la información conocida hasta ahora apunta a cinco contratos que, en conjunto, sumarían esa cifra y que hoy son el eje de las preguntas sobre eventuales irregularidades. Más allá del ruido político, el asunto tiene una gravedad evidente: no se trata solo de una denuncia escandalosa, sino de la posibilidad de que recursos públicos hayan sido asignados bajo criterios ajenos a la transparencia, la idoneidad o la legalidad. Por eso la atención ya no está únicamente sobre la versión de Jiménez, sino sobre el rastreo documental que deberán hacer las autoridades.
El anuncio de protección oficial también revela otra dimensión del caso: la joven pasó rápidamente de ser una figura prácticamente desconocida a convertirse en el centro de una historia con implicaciones penales, disciplinarias y políticas. En Colombia, este tipo de denuncias suele mezclarse con la polarización, pero el fondo sigue siendo el mismo: si hubo contratos otorgados por favores sexuales, el problema no es solo ético, sino institucional. Y si la denuncia no se sostiene, también habrá que aclarar quién la promovió, con qué pruebas y bajo qué interés.
Lo que viene dependerá de la velocidad y seriedad con la que actúen los entes de control. En un país donde la contratación pública suele ser una herida abierta, casos como este no solo golpean la imagen de los funcionarios mencionados, sino que alimentan la desconfianza ciudadana sobre cómo se reparten los recursos del Estado. Por ahora, el expediente está abierto y el costo político apenas empieza a medirse.
