Perú archiva el caso de esterilizaciones forzadas contra mujeres durante el fujimorismo
Imagen: BBC Mundo
La Fiscalía de Perú archivó el caso de las esterilizaciones forzadas atribuidas al gobierno de Alberto Fujimori, que afectó a unas 4.000 mujeres. La decisión se apoya en una ley controvertida y reabre el choque entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.
La Fiscalía de Perú archivó el caso de las esterilizaciones forzadas atribuidas al gobierno de Alberto Fujimori, una de las heridas más graves que dejó el conflicto entre el Estado y miles de mujeres pobres e indígenas en los años noventa. La decisión frena una de las investigaciones más simbólicas sobre violaciones a los derechos reproductivos en América Latina y deja a las víctimas, otra vez, frente a un laberinto judicial.
Según informó BBC Mundo, el Ministerio Público sustentó el cierre del expediente en una ley polémica que hoy enfrenta al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia. La norma ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por sobrevivientes del programa de anticoncepción forzada, al considerar que dificulta o bloquea el avance de procesos penales vinculados a crímenes graves ocurridos durante el fujimorismo. En este caso, la medida impacta directamente a unas 4.000 mujeres que, de acuerdo con las denuncias reunidas durante años, habrían sido esterilizadas sin su consentimiento en hospitales y campañas estatales.
El archivo no solo tiene un efecto jurídico, sino político y social. Perú sigue lidiando con el legado autoritario de la década de 1990, cuando la política pública de salud reproductiva fue utilizada, según múltiples testimonios e investigaciones, como un mecanismo de control sobre mujeres campesinas, quechua hablantes y en situación de pobreza. Que la Fiscalía cierre el caso en medio de un conflicto entre las máximas cortes del país revela una batalla más profunda: quién tiene la última palabra sobre la justicia cuando el Estado es señalado como responsable. Para las víctimas, el mensaje es devastador: después de décadas de espera, la reparación y la verdad vuelven a quedar subordinadas a disputas legales que la mayoría ni siquiera puede seguir de cerca.
Más allá del expediente, lo que está en juego es la confianza en la capacidad del sistema peruano para juzgar abusos de poder cometidos desde el propio aparato estatal. Si esta decisión se consolida, el caso puede convertirse en un precedente incómodo para otras investigaciones sobre derechos humanos en la región, donde las mujeres pobres suelen cargar con el costo más alto de la impunidad.
