PP y Vox frenan el tratado con Francia y agravan el pulso político con el Gobierno
Imagen: El País
PP y Vox han frenado la entrada en vigor del tratado bilateral con Francia al recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno acusa a la oposición de usar una estrategia de bloqueo que perjudica la posición de España en Europa.
El Partido Popular y Vox han logrado paralizar la entrada en vigor del tratado de amistad y cooperación entre España y Francia al llevarlo ante el Tribunal Constitucional, una maniobra que el Gobierno interpreta como un golpe político más que jurídico. La decisión no solo retrasa un acuerdo que Moncloa considera clave para reforzar la relación bilateral, sino que abre un nuevo frente en la batalla institucional entre el Ejecutivo y la oposición, con efectos que trascienden el pulso parlamentario y alcanzan la imagen de España en Europa.
Según informó El País, la izquierda y los partidos nacionalistas han acusado a los populares de desplegar una estrategia de “tierra quemada” para desgastar al Gobierno, incluso a costa de bloquear instrumentos de política exterior que, en teoría, deberían quedar fuera de la confrontación partidista. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que el bloqueo va “en contra” de la posición de España en el tablero europeo, porque debilita la capacidad del país para proyectar estabilidad y credibilidad ante un socio central como Francia, con el que comparte intereses estratégicos en energía, seguridad, migración e infraestructuras.
El caso importa porque este tratado no es un gesto simbólico ni una formalidad diplomática menor: forma parte de la arquitectura que España ha intentado construir con sus socios europeos para ganar peso en decisiones que afectan desde la frontera sur hasta la política energética comunitaria. Cuando un acuerdo de este tipo queda atrapado en un recurso constitucional, el mensaje que sale al exterior es el de un país con sus propias disputas internas bloqueando su capacidad de actuación internacional. Y eso tiene consecuencias prácticas: desde la coordinación entre gobiernos hasta la negociación de posiciones comunes en Bruselas, donde la influencia se mide también por la previsibilidad institucional.
En el fondo, el episodio revela algo más profundo que un choque puntual entre partidos. La oposición ha encontrado en los tribunales una vía para frenar la agenda del Ejecutivo, mientras el Gobierno presenta esa táctica como una forma de erosionar la acción exterior de España. Para la ciudadanía, este tipo de bloqueos puede parecer una disputa lejana, pero no lo es: cuando se traban acuerdos con Francia, se resienten decisiones que afectan el transporte transfronterizo, la cooperación policial, la política energética y la capacidad de ambos países para coordinar respuestas a crisis compartidas. Lo que está en juego no es solo un tratado, sino el margen de maniobra de España en Europa.
