PP y Vox bloquean en el Congreso la reforma que busca despenalizar delitos de opinión
Imagen: infobae
PP y Vox han movido ficha en el Congreso para frenar la reforma penal impulsada por PSOE y Sumar que pretendía sacar del Código Penal varios delitos de opinión. La batalla, además de jurídica, vuelve a abrir el choque político sobre libertad de expresión, símbolos nacionales y límites del discurso público.
PP y Vox han activado un freno parlamentario para impedir que avance la reforma del Código Penal con la que PSOE y Sumar quieren despenalizar varios delitos de opinión, entre ellos las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. La ofensiva de la oposición obliga a reabrir el debate en el Congreso y, de entrada, vuelve a congelar una iniciativa que llevaba más de dos años atrapada en el calendario legislativo.
Según informó infobae, los dos socios del Gobierno habían acordado esta semana desbloquear una proposición que Sumar registró al inicio de la legislatura y que desde diciembre de 2023 acumulaba prórrogas sobre el plazo de enmiendas. La intención era acelerar la tramitación en julio para empezar a discutir el texto, pero el PP y Vox han presentado enmiendas de totalidad con texto alternativo, un movimiento que devuelve la propuesta al inicio del camino parlamentario. En la práctica, eso significa más demora, más pulso político y menos margen para que la reforma llegue pronto a la siguiente fase.
La disputa no es menor porque toca un punto sensible del debate democrático: qué debe castigar el Estado y qué debe quedar protegido por la libertad de expresión. El PP defiende que el Código Penal vigente ya fue redactado con suficiente equilibrio y considera innecesario tocar figuras que, a su juicio, protegen derechos fundamentales. Vox, en cambio, ha ido más lejos y ha aprovechado su texto alternativo para endurecer el castigo a las ofensas contra los símbolos nacionales, incluyendo sanciones políticas para autoridades que no exhiban la bandera de España y castigos adicionales para quienes hayan adquirido la nacionalidad. Además, tanto PP como Vox rechazan que se elimine el delito de enaltecimiento del terrorismo, aunque en este punto el PSOE ya marcó distancia y lo dejó fuera del acuerdo con Sumar.
El trasfondo de este choque es claro: la reforma no solo enfrenta a la coalición de gobierno con la derecha, sino que también expone la dificultad de traducir a leyes una agenda más amplia de despenalización de la palabra, en un país donde estos delitos han sido usados durante años en controversias políticas, artísticas y sociales. Que el debate se retrase hasta julio o incluso septiembre no es un simple asunto de agenda: revela que la correlación de fuerzas en el Congreso sigue siendo decisiva para cualquier cambio en materia penal y que, sin mayoría suficiente, la promesa de revisar los límites de la opinión pública puede quedar atrapada en una guerra de vetos cruzados. Para los ciudadanos, el resultado importa porque define hasta dónde puede llegar el Estado a la hora de castigar expresiones ofensivas, provocadoras o incómodas, y quién decide finalmente ese umbral.
