De La Espriella cierra la paz total y ordena extraditar a cinco cabecillas
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó desde el Palacio de San Carlos la extradición de cinco cabecillas, entre ellos alias Araña, y dio por cerrada la apuesta de la paz total. El mensaje marca un giro duro: para el Gobierno, el único camino ahora es el sometimiento a la justicia.
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó este miércoles desde el Palacio de San Carlos la extradición de cinco cabecillas, incluido alias Araña, y con ese anuncio dejó una señal política inequívoca: la llamada paz total quedó, en la práctica, archivada. El mandatario insistió en que ya no hay espacio para negociaciones abiertas con estructuras armadas o criminales y que la ruta que seguirá su administración será la del sometimiento a la justicia, una fórmula mucho más exigente y menos ambigua que la de los diálogos que dominaron el debate público en los últimos años.
La decisión llega en un momento en que el país venía acumulando señales de desgaste frente a los resultados de la política de paz total. Según informó El Tiempo - Política, el anuncio se hizo desde la sede presidencial en Bogotá y fue presentado como una respuesta frente a los cabecillas que, pese a haber tenido márgenes de interlocución con el Estado, terminaron enfrentando procesos judiciales y requerimientos de extradición. En términos prácticos, la medida afecta a cinco figuras de alto perfil, pero su alcance político es mayor: manda el mensaje de que el Gobierno cerró la puerta a cualquier interpretación flexible de la política criminal y que la prioridad ahora será enviar a los responsables ante la justicia, dentro y fuera del país.
Este giro importa porque toca uno de los debates más sensibles en Colombia: cómo enfrentar a los actores armados y criminales sin premiar la violencia ni prolongar la incertidumbre en los territorios. La paz total nació como una apuesta para reducir la confrontación, abrir canales de diálogo y ganar tiempo institucional frente a grupos que controlan rutas, economías ilegales y zonas enteras del país. Pero el balance, para buena parte de la opinión pública, terminó siendo pobre: menos resultados visibles, más dudas sobre la capacidad del Estado para imponer reglas y un mensaje confuso para las comunidades que viven entre amenazas, extorsiones y desplazamientos. La extradición de estos cinco cabecillas, entonces, no solo es una decisión judicial; es también una corrección de rumbo. En adelante, el Gobierno deberá demostrar si el fin de la paz total se traduce en mayor autoridad, mejores capturas y más seguridad real en los territorios, o si simplemente abre otra etapa de confrontación sin una estrategia clara para contenerla.
La declaración de De La Espriella también tendrá lectura internacional, en especial por el componente de extradición, que suele ser clave en la cooperación judicial con Estados Unidos. Cada vez que Bogotá endurece su postura frente a estos jefes criminales, envía una señal a Washington de mayor alineación con la persecución transnacional del narcotráfico y otras economías ilegales. Pero en Colombia el desafío sigue siendo el mismo y mucho más complejo: que el giro no quede en una foto de Palacio, sino que se traduzca en resultados concretos para una ciudadanía que lleva años pidiendo menos anuncios y más control efectivo sobre el territorio.
