De La Espriella da una semana para someter a ‘Pinocho’ y cierra la puerta a negociar
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente Abelardo De La Espriella puso contra el reloj al Ministerio de Defensa y al de Justicia para lograr el sometimiento de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El mensaje deja claro que el Gobierno no abrirá una negociación política con ese grupo.
El presidente Abelardo De La Espriella le dio una semana al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia para avanzar en el sometimiento de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado como jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La orden marca una línea dura: no se trata de sentar a esa estructura en una mesa de negociación, sino de activar una ruta de entrega y sometimiento bajo control del Estado. En la práctica, el anuncio busca acelerar una respuesta institucional frente a un grupo armado que sigue teniendo capacidad de presión en una de las regiones más sensibles del país.
Según informó El Tiempo - Política, la instrucción presidencial fue coordinar de manera urgente el proceso con las dos carteras, en medio de la insistencia del Gobierno en diferenciar entre diálogo y sometimiento. Esa distinción no es menor. Mientras el primero suele implicar reconocimiento político y concesiones, el segundo se enmarca en la acción penal y judicial del Estado. En otras palabras, el Ejecutivo intenta mostrar firmeza sin renunciar a la posibilidad de desactivar a un actor armado que ha construido poder en la Sierra Nevada de Santa Marta, una zona estratégica por su valor geográfico, su economía ilegal y su impacto sobre comunidades indígenas, campesinas y urbanas.
El caso de alias ‘Pinocho’ también revela un problema más amplio: la dificultad del Estado colombiano para desmontar estructuras armadas que combinan control territorial, rentas criminales y capacidad de intimidación local. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada no solo representan una amenaza para la seguridad regional; también son una prueba para la política de paz y sometimiento que el Gobierno quiere mostrar como alternativa frente a los grupos que no encajan en una negociación política tradicional. Si la coordinación entre Defensa y Justicia produce resultados, el Ejecutivo podría venderlo como un golpe institucional. Si fracasa, quedará expuesta otra vez la distancia entre los anuncios de alto nivel y la realidad de un territorio donde mandan las armas, las redes ilegales y la desconfianza hacia el Estado.
La apuesta, en el fondo, tiene consecuencias para la vida cotidiana de miles de personas que viven entre el miedo, la extorsión y la disputa por las rutas del narcotráfico. En regiones como la Sierra Nevada, cada decisión del Gobierno se mide no solo por su efectividad jurídica, sino por su capacidad real de devolver control territorial y reducir la violencia. Por eso la semana que acaba de imponer De La Espriella no es un simple plazo administrativo: es una prueba política de autoridad frente a un grupo que el Estado quiere doblegar sin concederle estatus de interlocutor.
