Gobierno termina declaratoria por variabilidad climática, pero mantiene régimen especial
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno colombiano cerró la declaratoria de emergencia que venía rigiendo desde 2024 por los efectos de la variabilidad climática, pero dejó en pie el régimen especial para seguir ejecutando los planes de recuperación. La decisión marca el fin formal de una fase de crisis, aunque no desmonta del todo la respuesta estatal.
El Gobierno dio por terminada la declaratoria que había activado en 2024 para enfrentar los efectos de la variabilidad climática en el país, una señal política de que la administración considera superada la fase más crítica del desastre. Sin embargo, la medida no implica un cierre total de la respuesta estatal: se mantuvo el régimen especial y siguen vigentes los planes de recuperación, lo que en la práctica prolonga parte del andamiaje excepcional construido durante la emergencia.
La decisión, según informó El Tiempo - Política, busca marcar un punto de inflexión después de dos años de afectaciones asociadas a lluvias extremas, sequías, deslizamientos y daños sobre infraestructura, producción agrícola y comunidades vulnerables. Aunque el Gobierno habla de retorno a la normalidad, el mensaje real es más matizado: se levanta la declaratoria, pero no se desmontan de inmediato los instrumentos creados para atender los impactos acumulados. Esa fórmula suele ser útil para evitar un vacío institucional, pero también deja claro que las secuelas todavía no han desaparecido.
El movimiento tiene lectura política y administrativa. Por un lado, permite al Ejecutivo sostener que la coyuntura de mayor urgencia quedó atrás; por el otro, evita que la salida de la emergencia frene obras, contrataciones o intervenciones que dependen de ese marco excepcional. En Colombia, donde la respuesta a desastres naturales suele avanzar con lentitud y con problemas de coordinación territorial, este tipo de decisiones revelan una tensión permanente entre la necesidad de volver a la normalidad jurídica y la obligación de seguir atendiendo una crisis que no se resuelve con una firma. Para la gente de a pie, especialmente en regiones golpeadas por inundaciones, derrumbes o pérdida de cultivos, lo que importa no es el anuncio sino si los recursos y los proyectos llegan a tiempo.
A partir de ahora, el Gobierno tendrá que demostrar que la terminación formal de la declaratoria no significa desatención. Si los planes de recuperación no se ejecutan con eficacia, el cierre administrativo puede convertirse apenas en un gesto simbólico. Y en un país expuesto cada vez más a fenómenos climáticos extremos, la verdadera prueba no es declarar el fin de la emergencia, sino evitar que la próxima llegue con los mismos retrasos y las mismas deudas.
