De La Espriella insiste en fumigación tras incautación de 7,6 toneladas de cocaína
Imagen: El Tiempo - Política
Tras la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena, el presidente Abelardo De La Espriella volvió a defender la fumigación de cultivos ilícitos como eje de la estrategia antidrogas. Sostuvo que decomisar cargamentos sirve poco si no se ataca el origen de la producción.
La incautación de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena reabrió este martes el debate sobre la estrategia del Estado contra el narcotráfico y llevó al presidente Abelardo De La Espriella a insistir en la fumigación de cultivos ilícitos como una medida central para golpear la cadena criminal desde su origen. Para el mandatario, el problema no se resuelve únicamente interceptando cargamentos: si no se frena la producción en las zonas rurales, el negocio ilícito seguirá encontrando rutas, intermediarios y mercados para sostenerse.
El pronunciamiento del jefe de Estado llegó después de uno de los golpes recientes más grandes al tráfico de cocaína en un punto estratégico para el comercio exterior colombiano. Cartagena no solo es una ciudad clave para la economía portuaria, sino también un corredor sensible para las redes que intentan sacar droga hacia mercados internacionales aprovechando la conectividad marítima. En ese contexto, el mensaje presidencial buscó subrayar que las incautaciones, aunque importantes, no bastan por sí solas para desmantelar una estructura que se alimenta desde el campo, con cultivos, laboratorios, transporte y lavado de activos.
El retorno a la discusión sobre la fumigación no es menor. En Colombia, cualquier mención a esa herramienta revive una polémica de años entre seguridad, salud pública, ambiente y derechos de las comunidades campesinas e indígenas. Sus defensores argumentan que el Estado necesita una respuesta más agresiva frente a la expansión de los cultivos de uso ilícito; sus detractores recuerdan que la aspersión aérea ha dejado dudas sobre sus efectos sociales y ambientales, además de cuestionamientos sobre su capacidad real para sostener resultados duraderos. El debate, por tanto, no gira solo alrededor de la droga incautada en un puerto, sino de qué tan efectiva ha sido la política antidrogas para cortar el flujo en la etapa más rentable del negocio: la producción.
La declaración presidencial también deja ver una tensión que ha acompañado durante décadas la lucha contra el narcotráfico en Colombia: el país sigue celebrando grandes golpes logísticos, pero no termina de resolver la raíz territorial del problema. Mientras tanto, las mafias se adaptan, diversifican rutas y replantean métodos. Para las comunidades que viven en zonas de cultivo, la discusión se traduce en una pregunta concreta: si el Estado vuelve a apostar por la aspersión, ¿vendrá acompañada de presencia institucional, sustitución efectiva y alternativas económicas, o repetirá un ciclo de erradicación temporal sin soluciones de fondo?
