De La Espriella propone bajar a la mitad las multas de tránsito y reformar las fotomultas
Imagen: El Tiempo - Política
Abelardo De La Espriella puso sobre la mesa una reforma que promete alivio para los conductores: reducir a la mitad las multas de tránsito y recortar otros costos del sistema vial. La propuesta también plantea licencias más duraderas y un cambio de fondo al esquema de fotomultas.
La propuesta legislativa de Abelardo De La Espriella abre un nuevo frente en el debate sobre el bolsillo de los conductores y el modelo de control vial en Colombia. La iniciativa, según informó El Tiempo - Política, plantea reducir a la mitad las sanciones de tránsito, ampliar la vigencia de las licencias de conducción y reformar de manera sustancial el sistema de fotomultas, un mecanismo que durante años ha sido objeto de críticas por su uso, su efectividad y su carácter recaudatorio.
Más allá del titular, el alcance político de la propuesta no es menor: tocar las multas de tránsito significa entrar a un terreno donde confluyen seguridad vial, recaudo municipal, presión ciudadana y la relación cada vez más tensa entre el Estado y los conductores. De acuerdo con la información publicada, la iniciativa también busca ajustar otros trámites asociados a la movilidad, lo que sugiere un intento por desmontar buena parte de la carga administrativa y económica que hoy enfrentan los propietarios de vehículos en el país. En la práctica, eso podría traducirse en menos ingresos para los entes territoriales y en una discusión inevitable sobre cómo se financian los controles en las vías.
El contexto explica por qué esta idea puede ganar tracción política. En Colombia, las fotomultas y las sanciones automatizadas han sido señaladas reiteradamente por ciudadanos, expertos y algunos sectores políticos como un sistema que en ocasiones castiga más la necesidad de recaudo que la prevención de accidentes. Al mismo tiempo, cualquier reducción de sanciones genera una pregunta de fondo: si se abaratan las multas y se flexibiliza el sistema, ¿cómo se garantiza que eso no termine debilitando la cultura del respeto a las normas de tránsito? Ese es el núcleo del debate que la propuesta pone en evidencia. No se trata solo de aliviar costos, sino de definir qué tipo de política vial quiere el país: una enfocada en castigo y cobro, o una que privilegie pedagogía, control eficiente y proporcionalidad.
Si la iniciativa avanza, el impacto no se quedará en el Congreso ni en las secretarías de movilidad. Afectará directamente a millones de conductores que hoy sienten que cualquier error en la vía puede convertirse en una carga difícil de pagar. Pero también obligará a alcaldías y organismos de tránsito a revisar su dependencia de un modelo que, para muchos, se ha sostenido más en la sanción que en la prevención. En un país donde la congestión, la informalidad vial y la accidentalidad siguen siendo problemas estructurales, la discusión sobre las multas no es menor: define quién paga el costo del desorden y cómo se construye autoridad en las calles.
