Colombia

De La Espriella acusa a aliados del Gobierno Petro por protestas del 19 de noviembre

Hace 4 horas

El presidente Abelardo De La Espriella responsabilizó a sectores afines al Gobierno Petro por las crisis financiera, de salud y de corrupción que, según dijo, hoy alimentan las protestas del 19 de noviembre. En su mensaje, insistió en que las movilizaciones buscan capitalizar problemas que esas mismas fuerzas ayudaron a crear.

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó una dura acusación contra sectores cercanos al Gobierno Petro al referirse a las protestas previstas para el 19 de noviembre. Según dijo, quienes hoy convocan a marchar serían los mismos que, a su juicio, contribuyeron a generar la crisis financiera, el deterioro del sistema de salud y los escándalos de corrupción que golpean al país. Su mensaje, directo y sin matices, buscó deslegitimar el relato de la calle y presentar las movilizaciones como una maniobra política antes que como una expresión genuina de malestar social.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, no se trata de un reclamo espontáneo sino de una protesta impulsada por actores que —en su lectura— tienen responsabilidad en la situación que hoy enfrentan los colombianos. De La Espriella sostuvo que “el pueblo no es tonto”, una frase con la que intentó cerrar la puerta a la idea de que la ciudadanía esté comprando un discurso de oposición construido por quienes, según él, dejaron crecer las tensiones económicas y sociales. En el fondo, su mensaje apunta a un choque de narrativas: de un lado, el de quienes dicen defender las calles; del otro, el de quienes acusan a esos mismos convocantes de haber contribuido al desorden institucional.

La discusión no es menor. Las protestas del 19 de noviembre se inscriben en un ambiente político especialmente cargado, marcado por la desconfianza hacia el manejo del sistema de salud, las presiones sobre las finanzas públicas y la persistencia de casos de corrupción que siguen erosionando la credibilidad del Estado. En Colombia, cada jornada de movilización termina siendo también una disputa por el sentido común: quién responde por la crisis, quién la agravó y quién intenta capitalizarla. En ese tablero, el pronunciamiento de De La Espriella busca mover la conversación hacia la responsabilidad política de sus adversarios y no hacia las demandas de los manifestantes.

Más allá del cruce de señalamientos, lo que está en juego es la capacidad del Gobierno y de sus opositores para leer el descontento social sin convertirlo de inmediato en propaganda. Si las marchas crecen, la pregunta no será solo quién las convocó, sino qué tan profundo es el malestar que las alimenta. Y en un país donde la salud, el bolsillo y la corrupción siguen siendo heridas abiertas, cualquier intento de minimizar el enojo ciudadano corre el riesgo de quedarse corto frente a una realidad que golpea la vida cotidiana de millones.

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