De la Espriella ordena ofensiva contra el robo de crudo y alerta por red criminal
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente De la Espriella anunció una ofensiva contra el robo de crudo y combustibles, al advertir que cada mes se sustraen cerca de 123.700 barriles. La denuncia apunta a una red criminal que ya no solo golpea las finanzas del Estado, sino que también podría estar conectada con el narcotráfico.
La advertencia del presidente De la Espriella sobre el robo de crudo y combustibles pone sobre la mesa un problema que golpea al Estado en dos frentes: el económico y el de seguridad. Según informó El Tiempo - Política, el mandatario ordenó una ofensiva contra estas redes tras alertar que cada mes se estarían hurtando cerca de 123.700 barriles de combustibles y crudo, una cifra que revela la escala industrial de una actividad ilegal que ha dejado de ser un delito marginal para convertirse en una economía paralela.
Más allá del dato, lo relevante es la señal política que envía el Gobierno: el robo de hidrocarburos ya no se lee únicamente como una pérdida para las empresas del sector o para la Nación, sino como parte de una cadena criminal con posibles vínculos con el narcotráfico. Esa conexión no es menor. En Colombia, los mercados ilegales rara vez operan por separado; el combustible robado suele alimentar maquinaria de minería ilegal, rutas de transporte clandestino y laboratorios o corredores usados por organizaciones armadas y mafias regionales. Cuando el Estado habla de estas redes, en realidad está describiendo un ecosistema criminal que se financia, se protege y se expande con múltiples rentas ilícitas.
El volumen mencionado por De la Espriella ayuda a dimensionar el daño. 123.700 barriles al mes equivalen a una sangría constante de recursos públicos y privados, pero también a un problema de seguridad territorial: ductos intervenidos, comunidades presionadas por bandas, infraestructura vulnerable y operaciones de control estatal que muchas veces llegan tarde o son insuficientes. En términos prácticos, cada barril perdido termina impactando la caja fiscal, los costos operativos del sector energético y, al final de la cadena, la capacidad del país para sostener inversión social y control institucional en zonas críticas.
La ofensiva anunciada por el Gobierno será puesta a prueba por una realidad conocida: estas estructuras no sobreviven por casualidad, sino por capacidad de infiltración, corrupción local y control armado en corredores estratégicos. Por eso, si la respuesta oficial se limita a más operativos sin inteligencia financiera, judicialización efectiva y articulación entre Fuerza Pública, Fiscalía y autoridades territoriales, el anuncio corre el riesgo de quedarse en una reacción coyuntural. Lo que está en juego no es solo el petróleo que se pierde, sino el poder que estas redes acumulan a la sombra del combustible robado.
