Petro ordena traslado de alias Firu tras denuncias de videollamadas desde la cárcel
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de alias Firu después de denuncias sobre videollamadas desde la cárcel, en un caso que vuelve a exhibir las grietas del control penitenciario en Colombia. La decisión llegó tras la presión del gobernador de Antioquia y reaviva preguntas sobre privilegios para los reclusos.
El presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de alias Firu luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas videollamadas realizadas desde el centro penitenciario donde permanece recluido, un episodio que encendió nuevamente las alarmas sobre el control real que tienen las cárceles colombianas sobre las comunicaciones de internos de alto perfil. La decisión fue adoptada después de la solicitud hecha por el gobernador de Antioquia, en medio de un debate que mezcla seguridad, disciplina carcelaria y la capacidad del Estado para impedir que los presos sigan operando o manteniendo redes de influencia desde prisión.
De acuerdo con lo reportado por El Tiempo - Política, la reacción del mandatario fue directa y apuntó al problema de fondo: la señal de celular dentro de los establecimientos penitenciarios. Petro sostuvo que si una cárcel permite el ingreso o la permanencia de señal, entonces deja abierta la puerta para que continúen las comunicaciones no autorizadas, algo que en Colombia no solo compromete la autoridad penitenciaria sino que también puede facilitar coordinación criminal, intimidación de testigos o manejo de estructuras ilegales desde adentro. El traslado de alias Firu aparece así como una medida inmediata para cortar el acceso irregular a las comunicaciones y responder a la presión política generada por las denuncias.
Este caso importa porque revela una falla repetida del sistema carcelario colombiano: la dificultad para separar de manera efectiva a los detenidos de sus redes externas. No es un problema menor ni aislado. En un país donde varios cabecillas criminales han logrado mantener poder simbólico o operativo desde prisión, cada denuncia de llamadas, videollamadas o uso indebido de dispositivos refuerza la idea de que las cárceles no siempre cumplen su función básica de aislamiento. Por eso el pronunciamiento presidencial tiene un valor político y práctico: intenta marcar una línea dura frente a los beneficios informales que algunos internos pueden tener y responde a una exigencia ciudadana elemental, que la privación de la libertad sea real y no una sanción negociable.
Más allá del traslado puntual de alias Firu, el episodio deja una lección incómoda para el Gobierno y para las autoridades penitenciarias: el problema no se resuelve solo moviendo a un recluso de sitio. Si en una cárcel entra señal, el riesgo persiste en otra; si hay dispositivos clandestinos o controles débiles, la fuga de poder continúa. En la práctica, lo que está en discusión es la capacidad del Estado para imponer orden en un sistema penitenciario históricamente desbordado. Y eso afecta a la gente de a pie, porque cuando las prisiones no aíslan, la criminalidad sigue tomando decisiones desde adentro y la seguridad afuera nunca termina de estar garantizada.
