Santa Marta entra en máxima alerta tras ofensiva de las ACSN y despliegue militar
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Tras la ofensiva de las ACSN en Santa Marta, el presidente de La Espriella ordenó militarizar la ciudad y aseguró que no permitirá que la violencia someta a la población. El despliegue llega después de la muerte de ‘Cholo’, un hecho que habría detonado los ataques.
La escalada de violencia en Santa Marta obligó al presidente de La Espriella a mover ficha de inmediato: viajó a la ciudad y ordenó la militarización de varios sectores luego de los ataques atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El mensaje político fue directo: la Fuerza Pública ya patrulla los barrios y el Gobierno busca impedir que el miedo termine imponiéndose sobre la vida cotidiana de los samarios.
De acuerdo con lo informado por El Tiempo (Colombia), la ofensiva criminal se activó tras conocerse la muerte de alias ‘Cholo’, un hecho que habría alterado el equilibrio interno de esa estructura armada y desatado represalias en distintos puntos de la ciudad. En respuesta, el mandatario dispuso un refuerzo extraordinario de presencia militar y policial, con patrullajes intensivos en zonas urbanas que han sentido de cerca el efecto de la confrontación entre grupos ilegales y el Estado.
Lo que ocurre en Santa Marta no es un episodio aislado ni un simple ajuste de cuentas entre bandas. Es una señal más de cómo las disputas por control territorial siguen golpeando a las ciudades intermedias del Caribe colombiano, donde la población termina atrapada entre las amenazas, los bloqueos y la sensación de abandono institucional. Militarizar puede contener temporalmente la presión armada, pero no resuelve por sí sola el problema de fondo: la capacidad de estas organizaciones para adaptarse, recomponerse y seguir disputando rentas ilegales en corredores estratégicos. Por eso, el reto no es solo recuperar las calles, sino sostener inteligencia, judicialización y presencia estatal permanente.
En el corto plazo, la prioridad es evitar que la ofensiva escale y que los barrios queden a merced de la intimidación. Pero el verdadero termómetro será otro: si el Estado logra que la gente vuelva a circular, trabajar y vivir sin sentir que la violencia manda más que las autoridades. En una ciudad que depende del turismo, el comercio y la movilidad diaria, cada ataque criminal no solo deja miedo; también erosiona economía, confianza y gobernabilidad.
