JEP rechaza llamados a su cierre y exige debate con cifras y resultados
Imagen: infobae colombia
La Presidencia de la JEP salió al paso de la propuesta de Abelardo de la Espriella de eliminar el tribunal y defendió que su evaluación debe hacerse con cifras, resultados y evidencia. Alejandro Ramelli pidió un debate serio sobre la justicia transicional y no una discusión basada en ruido político.
La Jurisdicción Especial para la Paz volvió al centro de la controversia política en Colombia luego de que su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, respondiera a la propuesta de Abelardo de la Espriella de eliminar el tribunal. Ramelli no solo defendió la continuidad de la justicia transicional, sino que dejó claro que la discusión sobre su futuro no puede reducirse a consignas, simpatías o rechazos de tarima: si se va a cuestionar a la JEP, el debate debe hacerse con resultados verificables, cifras y evidencia.
La reacción del magistrado llega en un momento particularmente sensible para la JEP, que sigue siendo uno de los puntos más discutidos del Acuerdo de Paz firmado con las FARC. Para sus defensores, el tribunal es una pieza indispensable para esclarecer crímenes del conflicto armado, reparar a las víctimas y evitar que la impunidad se imponga sobre décadas de guerra. Para sus críticos, en cambio, la jurisdicción ha tenido tropiezos, decisiones polémicas y una carga institucional que no convence a sectores que la ven como un mecanismo costoso, lento o insuficiente. En ese campo minado se inscribe la propuesta de de la Espriella, que reabrió una discusión que en Colombia nunca ha terminado de cerrarse.
Lo que planteó Ramelli, según informó Infobae Colombia, fue una defensa del trabajo del tribunal desde la lógica de la rendición de cuentas. Esa posición es relevante porque traslada el debate del terreno ideológico al terreno concreto: cuántos comparecientes han aportado verdad, qué avances reales hay en los macrocasos, cuántas víctimas han encontrado respuestas y cuál ha sido el alcance efectivo de las sanciones y decisiones adoptadas. En un país donde la polarización suele devorar los matices, la JEP insiste en que su legitimidad no se mide por aplausos ni por descalificaciones, sino por su capacidad de producir verdad judicial y aportar a la no repetición.
El asunto importa más allá de una disputa entre abogados, magistrados y candidatos con agenda propia. Lo que está en juego es la arquitectura de justicia diseñada para lidiar con el conflicto armado más largo del continente, y cualquier intento de desmontarla tendría efectos directos sobre miles de víctimas, excombatientes y comparecientes que siguen sometidos a sus procedimientos. En otras palabras, la discusión sobre la JEP no es solo un choque de posturas jurídicas: es una pelea por el relato del país sobre la guerra, la reparación y la manera en que Colombia quiere resolver, o reabrir, una de sus heridas más profundas.
