Presupuesto aprobado a las 3:47 de la madrugada: el error que dejó en evidencia al Congreso y al Gobierno
Omar RodríguezHace 1 hora
Después de una votación acelerada por 634,9 billones de pesos, la Cámara aseguró que Senado y representantes habían aprobado textos idénticos. La revisión de las grabaciones reveló una discrepancia en el artículo 65. Mientras el Gobierno celebraba su victoria legislativa, el trámite presupuestario tenía un problema que nadie había resuelto. Por Omar Rodríguez SANA Prensa Independiente | Colombia | Opinión y análisis crítico | 21 de octubre de 2026
A las 3:47 de la madrugada del 20 de octubre, mientras buena parte de Colombia dormía, la Cámara de Representantes anunciaba la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027.
No se trataba de una decisión menor: 634,9 billones de pesos para financiar el funcionamiento del Estado, atender obligaciones y realizar inversiones durante el próximo año.
El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, comunicó que el Congreso había cumplido su tarea. El Gobierno de Abelardo de la Espriella celebró la aprobación como una victoria legislativa.
Pero había un problema.
El Senado y la Cámara no habían aprobado exactamente el mismo documento.
La diferencia se encontraba en el artículo 65. Una modificación retirada durante el debate del Senado apareció posteriormente en el texto aprobado por la Cámara de Representantes.
La discrepancia fue advertida por la senadora Esmeralda Hernández y Lina García. Después, la Secretaría General del Senado confirmó que el artículo se había votado sin la proposición adicional.
El problema no era la falta de votos. El problema era que las instituciones responsables de aprobar el presupuesto no habían garantizado que ambas cámaras votaran el mismo texto.
Una madrugada de mayorías, recesos y decisiones contrarreloj
La aprobación no ocurrió en condiciones de normalidad política.
Durante el 19 de octubre, las discusiones estuvieron marcadas por desacuerdos, interrupciones y dificultades para mantener el quórum.
La Cámara terminó convocando una nueva sesión después de la medianoche. El debate se prolongó durante más de doce horas y concluyó cerca de las cuatro de la madrugada.
El Gobierno necesitaba que el proyecto completara su trámite dentro del plazo legal. Las bancadas que respaldaban la iniciativa consiguieron las mayorías necesarias, mientras sectores de oposición cuestionaban su contenido.
Hasta ese punto, las diferencias políticas formaban parte del funcionamiento democrático.
Pero conseguir una mayoría no era suficiente.
La tarea legislativa exigía comprobar que los textos aprobados por ambas corporaciones coincidieran. Si existían diferencias, correspondía adelantar el procedimiento de conciliación antes del vencimiento del plazo.
Eso no sucedió.
La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo el Congreso dedicar tantas horas a conseguir los votos y no garantizar la revisión final del documento que estaba aprobando?
La Cámara dijo que los textos eran idénticos
El 20 de octubre, la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes publicó un comunicado oficial anunciando la aprobación del presupuesto.
El documento aseguró que las versiones aprobadas por las dos cámaras eran idénticas y que, en consecuencia, no se necesitaba conciliación.
Esa declaración resulta especialmente importante porque no fue una interpretación periodística ni un rumor difundido en redes sociales.
Fue una comunicación oficial.
Después se comprobó que el artículo 65 no había seguido el mismo trámite en ambas corporaciones.
El hecho obliga a examinar las responsabilidades de quienes prepararon los textos, dirigieron las sesiones y comunicaron que el proyecto había completado correctamente su recorrido legislativo.
No basta con decir que alguien se confundió.
En una institución cuya función consiste precisamente en discutir y aprobar leyes, verificar el contenido de lo votado es una obligación esencial.
El artículo 65: la modificación que cambió el desenlace
La controversia gira alrededor de una proposición presentada por el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático.
La propuesta buscaba modificar el artículo 65, relacionado con mecanismos de cobertura financiera frente a determinadas variaciones económicas.
Según la reconstrucción publicada por Daniel Coronell en Caracol Radio, el senador retiró su proposición durante el trámite en el Senado y la dejó como constancia.
Sin embargo, la modificación apareció después en el texto sometido a votación en la Cámara.
El Espectador informó que asesores del Ejecutivo incorporaron esa proposición en el documento remitido para el debate final de los representantes.
Este dato plantea una responsabilidad que no puede pasarse por alto: la necesidad de explicar quién preparó aquella versión, qué comprobaciones realizó y por qué se remitió con una modificación que no había sido aprobada por el Senado.
La Cámara, a su vez, debe explicar cómo verificó el documento antes de anunciar que las dos versiones eran idénticas.
Las actuaciones de ambos organismos deben examinarse de acuerdo con sus obligaciones específicas.
Pero lo documentado hasta ahora no permite afirmar que existiera una maniobra deliberada para vulnerar el procedimiento. Esa conclusión necesitaría pruebas adicionales.
La oposición advirtió el problema; no corresponde repartir culpas automáticamente
Uno de los aspectos más relevantes de esta controversia es que la discrepancia fue denunciada por una congresista de oposición.
Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, y Lina García señalaron la diferencia entre las votaciones.
Posteriormente, las grabaciones de las sesiones permitieron comprobar que la proposición no había recibido el mismo tratamiento en ambas cámaras.
Aquí conviene hacer una distinción fundamental.
No todos los actores políticos participaron de la misma manera en lo sucedido.
Una cosa es apoyar el presupuesto. Otra es oponerse a sus contenidos. Y otra, muy distinta, tener a cargo la preparación, verificación o certificación de los documentos legislativos.
La responsabilidad por una falla de trámite debe buscarse donde se produjo, no distribuirse entre Gobierno y oposición simplemente para aparentar equilibrio.
La crítica periodística tampoco puede convertir una responsabilidad institucional en una acusación penal contra una persona sin determinar primero qué hizo y qué obligación tenía.
Pero eso no impide exigir explicaciones públicas y concretas.
El Gobierno celebró una victoria antes de conocerse la discrepancia
El presidente Abelardo de la Espriella agradeció al Congreso la aprobación presupuestaria y destacó a los legisladores que respaldaron el proyecto.
Su pronunciamiento se produjo cuando la información institucional presentaba el trámite como concluido.
La posterior detección del problema obliga a distinguir dos cuestiones.
El Gobierno podía celebrar el respaldo político obtenido en las plenarias. Pero ese respaldo no reemplazaba el cumplimiento de los requisitos legislativos.
Además, la información publicada sobre la preparación del texto remitido a la Cámara plantea preguntas sobre los mecanismos de coordinación del Ejecutivo durante las últimas horas del debate.
¿Quién comprobó las modificaciones incorporadas? ¿Qué relación existía entre el documento elaborado para la Cámara y el resultado de la votación del Senado? ¿Por qué no se detectó la diferencia antes de que venciera el plazo de conciliación?
Estas preguntas merecen respuestas precisas.
La existencia de una mayoría parlamentaria no significa que el Gobierno deba quedar fuera del escrutinio.
Los recursos que quedaron en discusión
La controversia no se limita a una modificación normativa.
Durante los debates finales, los congresistas aprobaron ajustes relacionados con recursos para distintos sectores del Estado.
Daniel Coronell señaló que varias disposiciones incorporadas durante las plenarias podrían quedar fuera del presupuesto expedido por decreto.
Entre las asignaciones mencionadas en su investigación figuran recursos adicionales para la Rama Judicial, modificaciones relacionadas con la Jurisdicción Especial para la Paz, inversiones regionales, una partida para esterilización de animales y disposiciones sobre recursos del sistema de salud.
También señaló incrementos destinados a inversiones del propio Congreso.
La información merece una revisión documental exhaustiva.
Para determinar los efectos económicos definitivos será necesario comparar el proyecto presentado por el Ejecutivo, el texto aprobado en primer debate, las modificaciones introducidas posteriormente y el presupuesto finalmente expedido por decreto.
No todas las cifras mencionadas durante una discusión legislativa representan necesariamente recursos que desaparecen de manera definitiva.
Pero precisamente por eso el Gobierno debe explicar cuáles disposiciones permanecen y cuáles no pudieron incorporarse.
La ciudadanía no debería depender de filtraciones o fragmentos de grabaciones para conocer las consecuencias de un trámite presupuestario fallido.
El decreto no elimina las preguntas sobre el procedimiento
El 21 de octubre, el Gobierno anunció que expedirá el presupuesto nacional mediante decreto.
El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que se aplicará el mecanismo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y que se tomará como referencia el proyecto con las modificaciones aprobadas durante el primer debate.
Por tanto, resulta incorrecto interpretar que Colombia se quedó automáticamente sin presupuesto.
Existe una salida jurídica para resolver la situación.
Sin embargo, esa alternativa no elimina la obligación de explicar por qué el trámite ordinario terminó cuestionado.
Tampoco convierte en irrelevantes los cambios que las plenarias discutieron durante las últimas jornadas.
El mecanismo presupuestario puede continuar. La rendición de cuentas por las decisiones administrativas y legislativas debe continuar también.
Las grabaciones muestran por qué importa fiscalizar al poder
La controversia ofrece otra lección.
La denuncia no se limitó a una declaración política. La diferencia entre las votaciones pudo examinarse mediante registros audiovisuales.
La Silla Vacía informó que revisó los videos de las sesiones y confirmó que el Senado votó el artículo sin la proposición, mientras la Cámara lo aprobó con ella.
Esa comprobación demuestra la importancia de conservar registros públicos accesibles y de someter las declaraciones oficiales al contraste documental.
También recuerda que los medios de comunicación no deben limitarse a reproducir los anuncios del Gobierno o de las directivas del Congreso.
Su responsabilidad es comprobarlos, especialmente cuando existen versiones contradictorias.
Las redes sociales pueden ayudar a difundir alertas y documentos. Pero la credibilidad de una denuncia depende de sus pruebas, no de la cantidad de veces que se comparta.
¿Quién debe responder?
El caso deja responsabilidades institucionales que deben esclarecerse.
La Cámara de Representantes debe explicar cómo concluyó que los textos eran idénticos y quién realizó esa comprobación.
Las instancias encargadas de preparar los documentos legislativos deben aclarar cómo se incorporó la modificación del artículo 65.
El Gobierno debe responder por las actuaciones de sus dependencias en la preparación y coordinación del proyecto y explicar las consecuencias de recurrir al decreto.
Estas obligaciones no son intercambiables. Cada actor debe responder por sus propias decisiones.
Si las investigaciones documentales posteriores permiten identificar errores personales, negligencias o irregularidades adicionales, deberán presentarse con sus respectivas pruebas.
Lo que no corresponde es transformar una controversia documentada en una acusación indiscriminada.
La democracia no se cumple únicamente levantando la mano
El Congreso consiguió los votos para respaldar un presupuesto de 634,9 billones de pesos, pero el trámite quedó comprometido por una discrepancia que no fue conciliada dentro del plazo.
El presidente de la Cámara anunció que los documentos coincidían. La revisión posterior mostró lo contrario.
El Gobierno celebró la aprobación y después anunció que utilizaría un mecanismo excepcional de expedición presupuestaria.
Esos hechos deberían bastar para exigir una explicación pública completa.
No porque una mayoría sea ilegítima por el simple hecho de ser mayoría. Tampoco porque la oposición tenga automáticamente razón en todas sus críticas.
La exigencia es más elemental: una institución que aprueba leyes debe saber exactamente qué documento está aprobando.
El presupuesto nacional no es una formalidad que pueda cerrarse precipitadamente y corregirse después sin explicaciones.
Detrás de sus cifras están los recursos públicos, las obligaciones del Estado y las decisiones que afectan a millones de ciudadanos.
A las 3:47 de la madrugada se anunció una victoria legislativa. Lo que ocurrió después demuestra por qué obtener los votos y aprobar correctamente una ley no son la misma cosa.
Corresponsal | Periodista investigativo
Omar Rodríguez es periodista, corresponsal y periodista investigativo de SANA Prensa Independiente, con base en Nueva York. Cuenta con más de una década de experiencia vinculada al ejercicio periodístico y a la cobertura de temas de interés público, actualidad, migración, derechos humanos, comunidad y asuntos institucionales.
Ver perfil completo
