Proyecto busca acabar con la virtualidad en el Congreso y devolver las sesiones al recinto
Imagen: infobae
La primera iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone poner fin a la virtualidad en el Congreso y obligar a que las sesiones se hagan de manera presencial. La discusión abre un debate de fondo sobre productividad, control político y la manera en que se ejerce el poder legislativo.
La virtualidad en el Congreso podría tener los días contados. El primer proyecto de ley radicado en la Cámara de Diputados plantea que la participación en las sesiones sea obligatoriamente presencial, una movida que busca cerrar la puerta a una modalidad que, aunque se consolidó en medio de la emergencia sanitaria, siguió dejando abiertas preguntas sobre la calidad del debate legislativo y el compromiso real de quienes votan las leyes.
Según informó infobae, la iniciativa fue presentada por la diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, y quedó registrada como el primer proyecto de la Cámara. De acuerdo con lo que consigna el portal del Congreso, el texto establece de forma explícita que la asistencia a las sesiones debe darse en el recinto, sin depender de mecanismos virtuales para participar en el trabajo parlamentario. En términos prácticos, eso implica volver a una dinámica completamente presencial para diputados y, por extensión, alimentar una discusión que también podría alcanzar a los senadores si la idea avanza en el trámite legislativo.
La propuesta no es menor porque toca uno de los cambios institucionales más visibles de los últimos años. La virtualidad permitió sostener la actividad parlamentaria en momentos críticos, pero también dejó en evidencia sus límites: menor control sobre la asistencia, debates más fragmentados y una distancia simbólica con la ciudadanía que observa cómo se toman decisiones desde la comodidad de una pantalla. Para sectores críticos, el regreso obligatorio al hemiciclo es una señal de rigor institucional; para otros, puede significar un retroceso en flexibilidad y en la posibilidad de adaptar el trabajo legislativo a contingencias, especialmente en un país donde la descentralización y los desplazamientos suelen complicar la labor política.
Más allá del trámite concreto, el proyecto abre una conversación más amplia sobre el sentido del Congreso y sobre qué espera la gente de sus representantes. En una región donde la desconfianza hacia la clase política sigue siendo alta, obligar a los legisladores a estar presentes puede leerse como un gesto de responsabilidad, pero también como una prueba de que el sistema busca recuperar legitimidad frente a una ciudadanía cansada de ver sesiones vacías y decisiones tomadas a distancia. Si la iniciativa prospera, el debate ya no será solo si la tecnología sirve o no, sino qué tipo de representación democrática quiere sostener el país en adelante.
