Procuraduría formula cargos por señalamientos digitales contra Diana Saray Giraldo
Imagen: infobae colombia
La Procuraduría formuló cargos contra tres exfuncionarios del Gobierno Petro por presunta violencia digital y calumnia contra la periodista Diana Saray Giraldo. El caso gira en torno a publicaciones en las que la vincularon sin pruebas con el asesinato de un dirigente social en Arauca.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra tres exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro por presunta violencia digital y calumnia contra la periodista Diana Saray Giraldo, luego de que en redes sociales la relacionaran sin pruebas con el asesinato de un dirigente social en Arauca. El Ministerio Público concluyó que los señalamientos hechos desde cuentas vinculadas a antiguos servidores del Ejecutivo pudieron constituir faltas disciplinarias graves por el impacto que tuvieron sobre la comunicadora.
Según informó infobae colombia, la investigación parte de publicaciones virtuales en las que se difundió una versión sin sustento que señalaba a Giraldo como responsable o cercana a los hechos que rodearon el crimen. Para la Procuraduría, ese tipo de mensajes no solo carece de soporte probatorio, sino que además puede terminar amplificando hostigamiento contra periodistas, exponiéndolos a campañas de descrédito en entornos digitales donde la verificación suele llegar tarde o nunca.
El caso tiene una lectura más amplia que va más allá del expediente disciplinario. En Colombia, la violencia contra periodistas no siempre se expresa con amenazas físicas; también se manifiesta en linchamientos digitales, acusaciones infundadas y campañas de estigmatización que buscan minar la credibilidad de quienes informan. Por eso este proceso importa: porque pone bajo la lupa el uso político de las redes sociales y el deber de los funcionarios, incluso después de dejar el cargo, de no convertir plataformas públicas en tribunales paralelos. Si la Procuraduría sostiene sus cargos, el mensaje institucional será claro: la desinformación con fines de señalamiento también puede tener consecuencias disciplinarias.
Para Diana Saray Giraldo, el alcance del caso no es menor. Más allá de la discusión jurídica, este episodio reabre el debate sobre los límites del debate público en Colombia y sobre el costo que pagan los periodistas cuando son usados como blanco de narrativas sin soporte. En un país donde informar sobre conflicto, orden público y poder sigue siendo una tarea de riesgo, la respuesta del Estado a este tipo de ataques marca un precedente sobre cuánto protege realmente la institucionalidad a la prensa.
