Procuraduría pone bajo revisión licencias y obras de edificios golpeados por el sismo
Imagen: infobae colombia
La Procuraduría abrió la lupa sobre las licencias y las obras de los edificios afectados por el terremoto en Colombia. La revisión busca establecer si hubo fallas, negligencia o incumplimientos de las normas sismorresistentes en las zonas más golpeadas.
La Procuraduría General de la Nación anunció que revisará las licencias urbanísticas y las obras de los edificios afectados por el terremoto en Colombia, en una decisión que apunta a esclarecer si detrás de los daños hubo fallas técnicas, negligencia o incumplimiento de las normas sismorresistentes. La medida pone bajo presión a autoridades locales, constructores y responsables de la vigilancia urbanística en las zonas impactadas por el sismo.
Según informó Infobae Colombia, el Ministerio Público pondrá el foco en determinar si los inmuebles que sufrieron afectaciones cumplieron con los requisitos legales y técnicos exigidos para resistir un evento sísmico. No se trata solo de revisar papeles: la indagación busca establecer si hubo irregularidades en la expedición de permisos, en la supervisión de las obras o en la ejecución de los proyectos, tres puntos que suelen marcar la diferencia entre una construcción segura y una tragedia anunciada.
La decisión es relevante porque en un país como Colombia, donde la amenaza sísmica es permanente y conocida, cada edificio afectado reabre una discusión incómoda: cuánto se cumple realmente la normativa y quién responde cuando la vigilancia falla. La revisión de la Procuraduría también puede convertirse en una radiografía del estado de la planeación urbana, especialmente en municipios donde el crecimiento de la construcción ha ido más rápido que la capacidad de control. Si se confirman omisiones, el caso no solo tendría consecuencias disciplinarias y administrativas, sino que podría derivar en nuevas medidas sobre licenciamiento, interventoría y control técnico.
Más allá del expediente, el anuncio toca una preocupación de fondo para miles de familias: la confianza en que sus viviendas, colegios, oficinas y edificios públicos fueron levantados con estándares que protejan la vida. En un país donde los terremotos no avisan y donde la memoria de emergencias pasadas sigue presente, la revisión de la Procuraduría puede terminar revelando algo más amplio que fallas puntuales: el costo real de la desidia institucional cuando la prevención se deja para después.
