Pedraza impulsa debate contra Defensa por muerte de tres menores en bombardeo en Guaviare
Imagen: infobae colombia
La muerte de tres menores en un bombardeo en Guaviare abrió una nueva ofensiva política contra el Ministerio de Defensa. La congresista Jennifer Pedraza pidió un debate de control para que Jorge Eduardo Mora responda por la operación y por las decisiones que la rodearon.
La muerte de tres menores durante un bombardeo en Guaviare detonó un nuevo choque en el Congreso y puso bajo presión al Ministerio de Defensa. La congresista Jennifer Pedraza anunció que promoverá un debate de control político para que Jorge Eduardo Mora explique por qué una operación militar terminada en la muerte de niños fue autorizada y qué responsabilidades se desprenden de lo ocurrido. Para la parlamentaria, el Estado no solo falló en protegerlos, sino que además debe rendir cuentas por una acción que terminó convertida en tragedia.
Según informó infobae colombia, la iniciativa de Pedraza no se limita al ministro de Defensa. La congresista también busca que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, entregue explicaciones sobre las decisiones adoptadas alrededor de las operaciones militares desarrolladas en agosto de 2026. El debate, en la práctica, busca reconstruir la cadena de mando, identificar quién autorizó los bombardeos y esclarecer si se ponderó el riesgo de afectar población menor de edad en una zona con presencia de actores armados.
El caso es políticamente sensible por una razón evidente: cada vez que una operación militar deja víctimas civiles, el Gobierno no solo enfrenta cuestionamientos sobre inteligencia y planeación, sino también sobre el uso de la fuerza en un país donde la guerra interna sigue cobrando costos desproporcionados sobre la población más vulnerable. En Colombia, los bombardeos contra estructuras armadas suelen presentarse como golpes estratégicos de alto valor militar, pero cuando el saldo incluye menores de edad, el debate cambia de terreno: deja de ser una discusión táctica y se convierte en una pregunta de fondo sobre legalidad, proporcionalidad y responsabilidad estatal. Por eso el anuncio de Pedraza puede escalar más allá de un pulso entre oposición y Gobierno; también puede abrir una discusión incómoda sobre los límites de la política de seguridad y la forma en que se toman decisiones en escenarios de conflicto.
Lo que sigue dependerá de si la mesa directiva del Congreso da trámite al debate y de si el Ministerio de Defensa decide entregar información detallada sobre la operación. Pero el daño político ya está hecho: el Gobierno deberá responder no solo por la operación en Guaviare, sino por el mensaje que deja el episodio en un país donde la protección de los niños debería ser una línea roja y no una víctima más de la guerra.
