Buscan incentivos para que empresas financien redes de seguridad ciudadana
Imagen: El Tiempo - Política
Un exconcejal de Acacías impulsa en el Congreso una propuesta para que las empresas aporten recursos a redes de seguridad ciudadana en Colombia. La discusión abre un debate de fondo sobre hasta dónde puede llegar la participación privada en funciones que suelen estar en manos del Estado.
Un exconcejal de Acacías está moviendo ficha en el Congreso para que su propuesta quede incorporada en un proyecto de ley en discusión: crear incentivos para que las empresas financien redes de seguridad ciudadana en Colombia. La idea entra de lleno en un terreno sensible, porque mezcla seguridad, inversión privada y el papel del Estado en una función que toca directamente los derechos y la vida cotidiana de las comunidades.
Según informó El Tiempo - Política, la iniciativa busca que el sector empresarial tenga estímulos para aportar recursos a esquemas de seguridad local, una fórmula que en el papel podría ayudar a ampliar capacidades en zonas donde el Estado llega tarde, con poco presupuesto o con presencia institucional insuficiente. La propuesta, sin embargo, no está exenta de controversia: no es lo mismo apoyar programas de convivencia que terminar abriendo la puerta a una privatización de facto de tareas que deberían estar claramente reguladas y bajo control público.
El debate no es menor. En Colombia, hablar de seguridad ciudadana remite a una discusión histórica sobre presencia policial, prevención del delito, alumbrado, tecnología de vigilancia y articulación con las comunidades. Cuando entra el sector privado, la pregunta inmediata es quién define prioridades, quién vigila el uso de los recursos y cómo evitar que los beneficios se concentren en zonas empresariales mientras otros barrios quedan por fuera. Ese es el centro político de la discusión: no solo si hace falta más plata, sino bajo qué reglas y con qué límites.
Por eso la propuesta que se intenta insertar en el proyecto de ley puede convertirse en una prueba de fuego para el Congreso. Si se aprueba sin controles sólidos, el riesgo es trasladar al mercado una responsabilidad que corresponde al Estado; si se regula bien, podría abrir una vía complementaria de financiación para entornos más seguros. En un país donde la inseguridad golpea tanto a comerciantes como a vecinos, el fondo del asunto es quién paga por la protección y quién decide cómo se usa.



