Barranquilla como capital alterna: apoyo político, pero un muro constitucional
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La idea de convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia abrió un debate que va más allá del gesto político. Aunque Alejandro Char la respaldó, su viabilidad depende de una reforma constitucional, advirtió César Lorduy.
La propuesta de Abelardo de la Espriella de convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia encendió una discusión que mezcla ambición regional, cálculo político y límites jurídicos. El respaldo del alcalde Alejandro Char le dio tracción inmediata a la iniciativa, pero la advertencia del excongresista César Lorduy puso el freno institucional: para que algo así exista de verdad, no basta con una declaración de apoyo, hace falta tocar la Constitución.
Según informó El Tiempo (Colombia), Lorduy explicó que la idea no puede materializarse por simple voluntad política ni mediante una decisión administrativa local. En la práctica, redefinir a Barranquilla como capital alterna implicaría revisar el andamiaje constitucional que hoy concentra en Bogotá la condición de capital de la República. Ese matiz no es menor: en Colombia, los símbolos de poder también están regulados por la arquitectura jurídica del Estado, y cualquier cambio en ese nivel exige mayorías políticas amplias, trámite legislativo complejo y un consenso que hoy no parece evidente.
El debate importa porque no se trata solo de un título honorífico. Si Barranquilla aspirara a ese rol, la discusión inevitablemente tocaría temas de descentralización, distribución de poder, inversión pública, presencia institucional del Estado y el peso político del Caribe en el mapa nacional. En una región históricamente celosa de su identidad y de sus reclamos frente al centralismo bogotano, la propuesta funciona como una bandera simbólica; pero también como una prueba de realidad sobre hasta dónde llegan las promesas regionales cuando deben pasar por el filtro constitucional. La coyuntura deja una lectura clara: hay capital político para instalar la conversación, pero no necesariamente para convertirla en norma.
En el fondo, Barranquilla vuelve a ocupar una posición que conoce bien: la de ciudad capaz de empujar debates nacionales desde la periferia, pero obligada a enfrentar la pregunta decisiva sobre viabilidad. Si la iniciativa prospera, abriría una discusión de alto voltaje sobre la organización territorial del país; si no, quedará como otro episodio en el que el entusiasmo político supera las posibilidades legales. En ambos escenarios, el mensaje es el mismo: en Colombia, los cambios de fondo no se decretan desde el aplauso, sino desde la Constitución.
