Proyecto de ley busca ahorrar 300.000 millones al año en el Congreso
Imagen: El Tiempo - Política
Un proyecto de ley en el Congreso colombiano promete un ahorro anual de 300.000 millones de pesos si logra unificar la estructura administrativa del Senado y la Cámara. La iniciativa apunta a recortar duplicidades operativas como arrendamientos y control interno, sin tocar las mesas directivas.
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso busca recortar hasta 300.000 millones de pesos al año mediante la unificación de la estructura administrativa del Senado y la Cámara de Representantes. La iniciativa, según informó El Tiempo - Política, no pretende alterar las mesas directivas de las corporaciones, sino concentrarse en gastos y funciones repetidas que hoy operan por separado.
El articulado apunta a eliminar duplicidades en áreas como arrendamientos y control interno, dos rubros que suelen sostener buena parte del costo administrativo del Legislativo. En la práctica, eso significa revisar cómo funcionan ambas cámaras como aparatos burocráticos, no como escenarios políticos, para evitar que cada una mantenga estructuras paralelas cuando podrían operar bajo un mismo esquema de gestión. La propuesta llega en un momento en que el gasto público está bajo mayor escrutinio y cualquier iniciativa de austeridad encuentra eco en una ciudadanía cansada de ver cómo el Estado predica eficiencia mientras conserva costos difíciles de justificar.
La discusión no es menor porque toca una de las zonas más sensibles del poder en Colombia: el funcionamiento interno del propio Congreso. Si la iniciativa prospera, podría abrir la puerta a una reorganización administrativa con impacto fiscal, pero también a resistencias dentro del Legislativo, donde la autonomía de cada cámara suele defenderse con celo. Más allá del ahorro anunciado, el verdadero debate será si el Congreso está dispuesto a revisar su propia arquitectura de funcionamiento o si el proyecto terminará diluyéndose en el trámite político. En un país con presión sobre las finanzas públicas y reclamos constantes por recorte de gastos improductivos, la medida pone sobre la mesa una pregunta de fondo: cuánta austeridad está dispuesto a aplicarse el poder cuando la rebaja le toca a sí mismo.
Si el proyecto se consolida, el mensaje político sería claro: el ajuste no solo debe pedírsele al ciudadano, sino también a las instituciones que durante años han operado con una lógica de duplicación y gasto rígido. El problema es que en Colombia los anuncios de eficiencia suelen avanzar más rápido que las reformas reales.
